Para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social en el que se propone una jubilación especial para las mujeres no es posible.

El pasado 11 de octubre, el pleno de  la Asamblea debatió, en primera instancia, el informe de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en el que se plantea que toda mujer podrá acceder a una jubilación especial, sin límite de edad, cuando haya acreditado un mínimo de 300 imposiciones mensuales.

En entrevistas concedidas a varios medios de comunicación, Ramiro González, presidente del consejo directivo de la entidad, explicó que según las estadísticas de la institución, alrededor de 85.000 mujeres con más de 45 años y con 300 aportaciones estarían por jubilarse.

Sostuvo que esto le significaría al Seguro Social una inversión aproximada de 508 millones de dólares.
Dijo que a esta cifra hay que sumarle un cálculo actuarial en relación a la expectativa de vida.
Explicó que si una mujer tiene 45 años y el promedio de vida es de 78, el Seguro tiene que cancelarle una pensión por 33 años, cuando de aportes apenas tiene 25.

Bajo este escenario, González señaló que eso es insostenible y añadió que la reforma legal propuesta por el Legislativo subestima a las mujeres que todavía están activas.

Nivea Vélez, proponente del proyecto, aseguró que técnicamente el IESS puede cubrir ese requerimiento. “No es que en este momento todas las cerca de 90.000 mujeres que han cumplido sus 25 años de servicio se van a jubilar, eso es opcional. Se estima que de esa cifra lo hagan entre el 10 y 15%”, enfatizó.

Amparada en un estudio del ex Consejo Nacional de la Mujer (Conamu), Vélez expresó que la propuesta es una compensación a las tareas que realizan las mujeres durante su jornada laboral y doméstica. “El informe del Conamu establece que entre la casa y el trabajo la mujer labora 81 horas a la semana”.

La asambleísta afirmó que el Seguro Social tiene los recursos para cumplir con la propuesta.

“El financiamiento es viable. El IESS debe exigir al Estado que le pague sus deudas. Si el Estado cumple con su aporte del 40% para la seguridad social se contaría con 2.308 millones de dólares y si ha eso se suman los compromisos por la compra de bonos, el campo Pañacocha, el proyecto  hidroeléctrico Toachi-Pilatón y el déficit actuarial hablaríamos de 10 mil millones de dólares para invertir”, enfatizó.

Scheznarda Fernández,  presidenta de la Comisión Legislativa, anunció que previo a la elaboración del informe para segundo debate se invitará al ministro de Finanzas, Patricio Rivera, y a González. En tanto, el Gobierno trabaja   su propia   reforma  a la seguridad social.