Un grupo de jubilados ingresó ayer al Palacio de Carondelet para pedir al presidente de la República, Rafael Correa, que vete la Ley de Justicia Laboral, la cual fue promulgada ayer sin veto. Los adultos mayores objetan la eliminación del subsidio del Estado al 40% de las pensiones.

El asesor Mario Latorre habría recibido a la comisión. El encuentro se concretó luego de que el jueves pasado una marcha de jubilados llegara hasta el Palacio.

Allí les habrían dicho que regresaran al día siguiente para una reunión más larga. El Gobierno les indicó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene superávit, y por lo tanto puede financiar por su cuenta las pensiones.

Por otra parte, la recién aprobada Ley de Justicia Laboral obliga al Estado a garantizar el pago de pensiones, siempre que el IESS necesite recursos y por un monto ilimitado.

Marcelo Larrea, dirigente de Democracia Sí, también solicitó a Correa el veto del proyecto de Ley de Justicia Laboral durante una rueda de prensa ofrecida ayer.

El político aseguró que la eliminación del aporte del Estado del 40% al Fondo de Pensiones del IESS dejará sin recursos a la institución entre 5 y 8 años. Y afirmó  que el “Seguro de Pensiones no tiene superávit, sino un déficit actuarial”.  

Aseguró que el Estado mantiene una deuda al fondo de  $ 3.700 millones más intereses. La afirmación la sustenta con el documento del Convenio de Compromiso de Pago firmado en 2008 por el entonces ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, y el director general del IESS de ese momento, Fernando Carpio.

En este se señala que el Estado adeuda $ 888’358.006,75 al IESS, suma que incluye intereses cortados al 31 de mayo de 2008.

El monto corresponde a una deuda acumulada desde el 1 de enero de 1985 hasta el 31 de diciembre de 2007. El documento indica que el déficit actuarial del Sistema de Pensiones, con corte al 31 de diciembre de 2003, era de $ 3.700’935.530. (I)