Las actuaciones de exfiscales y exfuncionarios de los gobiernos de Jamil Mahuad y Sixto Durán Ballén han sido criticadas por autoridades de Gobierno, entre ellos Alexis Mera, secretario Jurídico de la Presidencia.

En septiembre pasado recordó que existe la auditoría realizada por la Contraloría, que establecía indicios de responsabilidad, pero “desgraciadamente la fiscal general de ese entonces, Cecilia Armas, viró la cara y dijo que no pasó nada, que no era asunto penal, sino civil”.

En respuesta, Armas indicó que el 14 de enero de 2005 asumió las funciones de Fiscal General. “El 9 de agosto de 2006, luego de hacer un análisis jurídico de los hechos presentados y tomando en cuenta que ya había una demanda civil en la Corte de Nueva Loja, que es el juicio que está en casación, llegó a la conclusión de que el asunto es civil y no penal. Pedí la desestimación ante el titular de la Corte Suprema de Justicia, quien no se pronunció sobre mi pedido, sino que con un escrito presentado por el Contralor corre traslado a Jorge German”, fiscal general que reemplazó a Armas en 2007.

Mera ha insistido en sus críticas a quienes firmaron el Acta Final que avaló el supuesto cumplimiento del contrato de remediación, entre ellos: Patricio Rivadeneira, ministro de Energía; Ramiro Gordillo, titular de Petroecuador; y Luis Albán Granizo, gerente de Petroproducción. Dijo que por el delito de peculado, el cual no prescribe, deberían ser indagados penalmente. Pidió al actual  fiscal, Galo Chiriboga, ‘revivir’ el caso en base a la auditoría.