Los siete artículos referentes al enjuiciamiento político de secretarios ministros de Estado  detienen la aprobación del proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Los artículos  52 al 58 del proyecto, que confrontó a la oposición y al oficialismo y dilató el trámite de las reformas, dan paso al enjuiciamiento político de los funcionarios antes citados, previo al cumplimiento de requisitos, lo cual será calificado por el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL),  en un plazo de cinco días.

El cuerpo legal  garantiza el debido proceso y aclara que el enjuiciamiento político no equivale a un proceso judicial. En un plazo de quince días, el titular de la Comisión de Fiscalización  tendrá cinco días para enviar los informes de mayoría y minoría, y las pruebas de cargo y descargo presentadas.

Luego de conocidos los informes,  el presidente  de la Legislatura los incorporará en el orden del día para su discusión en el pleno. Cada informe tendrá un ponente, que no será el proponente del juicio.

Cuando  se dé paso al juicio, el titular del Parlamento, en el plazo de cinco días, lo incluirá en el orden del día. La Asamblea absolverá o censurará y destituirá al funcionario interpelado.

El  archivo o inicio del juicio político se resolverá con mayoría absoluta y votación nominativa, es decir se conocerá el nombre de cada legislador y el voto respectivo.

En la última sesión de la noche del martes, los asambleístas tramitaron 22 artículos; dos secciones relacionadas con las comparecencias de los ministros de Estado y funcionarios públicos al pleno y a las comisiones y sobre la consulta prelegislativa; así como dos disposiciones transitorias y una derogatoria contenidas en el documento.

La votación de los artículos polémicos se realizó por separado ante la falta de acuerdos entre los bloques.
Angel Vilema sostiene que los artículos 52 al 58 del cuerpo legal, que no tuvieron consenso, deberían ser sometidos a votación, al reconocer que siempre hubo discrepancias sobre esta posible reforma.

“Nosotros como PAIS nunca estuvimos de acuerdo con la comparecencia y el procedimiento documental, por lo tanto para darle legitimidad se debería votar la próxima  semana los artículos que faltan y si la oposición consigue los votos no tenemos ningún reparo en  asumir democráticamente que hemos perdido”, anticipa.

Advierte que aunque se apruebe la reforma legislativa, esta no irá al Registro Oficial mientras no se levanten las medidas cautelares de la Corte Constitucional (CC).

El ponente Vicente Taiano asegura que el pleno resolvió que, salvo los artículos que quedaron para ser aprobados en la sesión anterior, “todo lo demás debía ser votado en bloque”, lo que incluye los artículos que el oficialismo dice que no han sido votados. Anota que esta  ley tuvo la participación de 100 asambleístas y de los coordinadores de PAIS.