El movimiento Alianza PAIS concluyó su taller de dos días con un borrador de la conformación de las 13 comisiones legislativas. Ese texto será revisado el próximo 22 de abril, en Quito, en un segundo encuentro con los 100 asambleístas electos. Allí se tratará, ya de forma concreta, la designación oficial de los legisladores a cada una de las comisiones.

Para llegar al borrador, en el taller de PAIS se conformó  una comisión de ocho integrantes, entre legisladores y ministros. Allí estaban Gabriela Rivadeneira, Fernando Cordero, Marcela Aguiñaga, Betty Tola, entre otros. Ellos solicitaron a los asambleístas indicar tres comisiones a las cuales les gustaría pertenecer, de acuerdo a su especialización y perfil profesional.

Para Mery Verduga esta actividad dio resultados, pues las mesas de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología y de Derecho de Salud prácticamente están listas.

Ella, por ejemplo, optó por la  Comisión de Soberanía Alimentaria, la cual tiene entre sus pendientes las leyes de Recursos Hídricos y de Tierras. En el segundo encuentro las comisiones quedarán definidas, no así la directiva de la Asamblea.

Los suborganismos de la Asamblea más populares en el bloque PAIS justamente fueron los de Soberanía Alimentaria y Fiscalización, que aglutinaron a más de 20 personas inscritas.

Lo mismo ocurrió con la mesa  de Relaciones Internacionales, que tratará la denuncia de los fuertemente criticados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).
La menos opcionada fue la mesa de Justicia y Estructura del Estado, donde apenas se inscribieron siete legisladores.

Esa comisión tiene entre sus pendientes el Código Penal Integral, que a su vez maneja el complicado tema del aborto. Este asunto justamente es vigilado cuidadosamente por el presidente Rafael Correa, quien es un firme defensor de la vida desde la concepción.

Actualmente hay 13 comisiones permanentes: Justicia, Derecho de los Trabajadores, Régimen Económico, Desarrollo Económico, Fiscalización, Relaciones Internacionales, Biodiversidad, Soberanía Alimentaria, Gobiernos Autónomos, Educación, Salud, Participación Ciudadana y Derechos Colectivos. La decisión es que cada una de ellas tenga entre ocho y nueve representantes del oficialismo.

La primera sesión de la nueva Asamblea será el 14 de mayo, pero ese día no necesariamente deben quedar definidas las comisiones. La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) señala que “en un plazo de hasta ocho días de la integración,  las comisiones se instalarán bajo la coordinación provisional del primer asambleísta designado para ellas, y procederá a la elección, por separado, de una presidencia o vicepresidencia”.

Fernando Cordero indicó que si se vence el plazo para la designación de representantes de las comisiones, será el Pleno de la Asamblea el que designe una autoridad, tal y como lo estipula la ley.

Ayer Cordero, en el programa Quórum de la radio de la Asamblea, aclaró que el  trabajo de las comisiones tiene que ser a tiempo completo. “Si la Asamblea tiene que aprobar 45 leyes estructurales, las comisiones no podrán trabajar a la quinta parte del tiempo; sin ofender a nadie, creo que algunas comisiones han trabajado y puedo entenderles que no había los suficientes votos; este inconveniente ahora ya no lo tenemos, los perfiles  son diferentes”, explicó el titular del Legislativo saliente.

La próxima semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregará las credenciales a los asambleístas nacionales y al binomio presidencial electo. Hasta el próximo día 13 el organismo espera hacer lo propio con todas las nuevas dignidades.

LA ASAMBLEA SE ALLANA AL VETO DEL EJECUTIVO A LA LEY DE LÍMITES

La Asamblea Nacional retomó ayer sus actividades y lo hizo con el análisis al veto del presidente Rafael Correa a la Ley de Límites. El Pleno se allanó a las observaciones del Ejecutivo con 54 votos afirmativos. Esta normativa pretende solucionar más de 400 problemas limítrofes nacionales.  

La Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por Virgilio Hernández, recomendó a la Asamblea acoger las observaciones de Correa. El veto otorga un plazo máximo de dos años para resolver los problemas, caso contrario la autoridad local incurrirá en una causal para la revocatoria de su mandato.

Además, si no hay solución en el plazo establecido, el Comité Nacional de Límites Internos, previa calificación, enviará al Consejo Nacional Electoral (CNE) los conflictos que deberán resolverse por  consulta popular.