PAIS busca ir más allá de la investigación judicial
A 10 días de que se cumpla un año de la sublevación policial del 30 de septiembre, la Asamblea Nacional recordó los hechos. La falta de quórum en la segunda jornada de la sesión del pleno impidió que se aprobara una resolución.
Los legisladores debatieron el proyecto de resolución presentado por la asambleísta María Augusta Calle, de Alianza PAIS.
Calle indicó que la propuesta no solo radica en reprobar el intento de golpe de Estado, sino analizar los escenarios en los que se gestó. Puso como ejemplo los cuarteles policiales, las terminales aéreas, la sede del poder Legislativo y los medios de comunicación.
Dijo que días antes del 30-S circularon en las instalaciones de la Policía pasquines en contra del Gobierno, así mismo, en los medios de comunicación se difundió información sobre lo que se iba a venir con la Ley de Servicio Público: “fue un período de estrategia”.
Calle defendió el accionar del presidente de la República, Rafael Correa, quien el 30-S acudió al Regimiento Quito No. 1 para aclarar el contenido de la ley que había sido aprobada un día antes.
Cuestionó al asambleísta Cléver Jiménez, de Pachakutik, quien aseguró, semanas atrás, que el Mandatario se había refugiado en las instalaciones de la Universidad Técnica Equinoccial (UTE): “Correa dio la cara, es un hombre valiente, patriota, no se va cayendo por subirse a un helicóptero”.
Denunció que el intento de golpe de Estado lo armó el ex presidente Lucio Gutiérrez con el representante de la CIA, Mario Pazmiño, y Gustavo Lemus, torturador de la época de Febres Cordero, durante una reunión que mantuvo fuera del país.
No dejó de lado a Pachakutik, quien en un comunicado de prensa pedía ese día la salida del poder al Jefe de Estado: “No contaron con el cierre inmediato de las fronteras de Colombia y Perú, el apoyo de la comunidad internacional y con el respaldo popular”.
Irina Cabezas, quien el 30-S estuvo al frente de la presidencia de la Legislatura, expresó que ese día es para no olvidarlo: “Ciertos elementos policiales se prestaron para atentar contra el Presidente. Se intentaba negociar la libertad de Correa con la sesión de la Asamblea”.
Con estas palabras, Cabezas justificó la falta de garantías para instalar la sesión del 30-S.
Pedro de la Cruz insistió en que todo estuvo planificado.
Con estos antecedentes, el bloque oficialista propuso condenar cualquier pretensión de ruptura de la Constitución y la democracia, exigir a la Fiscalía y al Poder Judicial que en las diferentes investigaciones se incluya a los autores intelectuales de la sublevación del 30-S, y propiciar un encuentro de los presidentes de los poderes legislativos de Unasur y del Parlatino para analizar los peligros y amenazas de ruptura del orden democrático en la región.
Oposición descarta golpe
Jiménez, quien fue calificado por de la Cruz como “Chucky”, manifestó que acudirá a la Corte Penal Internacional, no sin antes lamentar que no le hayan disparado al Mandatario: “A mí me da mucha pena que no cumplan la orden”.
Pidió al Mandatario que levantara el carácter de reservado de toda la documentación relativa al 30-S.
Mientras sectores como el MPD, Prian y PSC descartaron un intento de golpe de Estado. El MPD calificó la iniciativa como un “sainete”.