Aunque aún no asume oficialmente la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, Pedro Páez emprendió ya los acercamientos con las distintas autoridades para contar con personal calificado, recursos e infraestructura que permitan cumplir con las funciones encomendadas en la Ley de Control del Poder del Mercado, vigente desde octubre de 2011.

El diálogo será la herramienta principal de su gestión, antes de emprender un proceso sancionador a quienes busquen concentrar la riqueza en pocas manos.

¿Qué pasos se han dado para organizar una institución que recién  está creándose?

La Senplades tiene  un esbozo orgánico-administrativo, pero básicamente nos toca armar de la nada. Hemos conversado con Inmobiliar y se han presentado  opciones en infraestructura, así como con el Ministerio de Relaciones Laborales sobre el personal y el Ministerio de Finanzas sobre el presupuesto, pero aún falta definir.

Debemos enfrentar la falta de antecedentes legales, institucionales, culturales y políticos, tanto de las empresas con el Gobierno, como de las empresas con la ciudadanía.

¿Es un esfuerzo multifacético?

Sí, porque  debemos enfrentar casos que han sido iniciados por otras entidades del Estado y que tienen que pasar de acuerdo a la ley a la nueva Superintendencia. Se han mantenido reuniones con las autoridades porque no se quiere resolver precipitadamente. Lo mejor es que los procesos iniciados se concluyan y que la Superintendencia asuma su responsabilidad en aquellos que están por iniciarse.

¿Cuál es el estado de las empresas que pese a la advertencia legal  mantuvieron más del 6% de participación accionaria en el sistema financiero y en los medios de comunicación?

Soy juez de segunda instancia y en este plano cualquier pronunciamiento puede ser tomado como prevaricato. No puedo responder directamente, pero -en términos generales- la metodología que va a asumir la nueva institución es de diálogo para evitar abusos tanto del sector público como privado. La Ley tiene una serie de espacios para que las partes puedan presentar su caso y desde la posición más técnica, rigurosa y responsable encontrar la mejor solución.

Pero, tienen el listado de las empresas que incumplieron. ¿Cómo se procederá?

Sus preguntas marcan la gravedad de las responsabilidades que tenemos que asumir. Hablamos de temas complejos en el ámbito técnico, institucional y legal. Tenemos una nueva institución en donde no hay antecedentes y eso la ciudadanía debe entender. Nos encontramos en un proceso de transición con una regulación pobre.

Para muchos casos hay 90 días de plazo, sin tomar en cuenta la avalancha de situaciones que debemos enfrentar, sobre todo con la ponderación de la opinión pública.

Y es que es un proceso con el que hay que tener mucho cuidado...

Sí, porque  puede dar lugar a actos de  corrupción.

¿Qué se ha hecho para evitarlos?

Hemos hablado con el secretario del Presidente (Gustavo Jalkh) para hacer  un calendario riguroso y responsable,  pero también nos toca empezar un proceso muy importante en torno a la capacitación del personal técnico, que en el Ecuador no hay. Para ello hemos realizado contactos con  las universidades.

¿En qué se basará el control antimonopolio?

La legislación antimonopolios ha estado presente desde hace más de un siglo y ha marcado un hito significativo, pese a la actitud tendenciosa de algunos medios.

La legislación que tenemos ha tenido un buen espacio de contrastación empírica y en ese sentido los controles son muy medidos y diseñados para generar una estructura de incentivos, antes de ser un tema castigador.
Va a llegar un momento en que la Superintendencia tendrá que sancionar e incluso iniciar un proceso de coactiva,

¿Cómo se va a actuar?

Hemos discutido con la Senplades y el Ministerio de Relaciones Laborales sobre los jueces coactivos para tener listo todos esos detalles técnicos antes de posesionarme.

Parte de nuestro esfuerzo va encaminado a evitar la judicialización, pero si se insiste en los abusos habrá mano firme para castigar con el rigor de la ley. Aunque lo más importante nos parece el cambio de actitud de la  cultura política y empresarial.

Pero, ¿cómo evitar los abusos que han generado los operadores económicos?

Tanto víctimas como victimarios asumen que es normal que esos abusos existan y creen que el mundo de los negocios es así. Parte significativa del esfuerzo que queremos hacer es generar los mecanismos para la toma de conciencia de que existen derechos en las relaciones interempresariales.

Si bien la ley establece sanciones, estamos generando un espacio de diálogo con esos actores que pueden o no estar involucrados en esas actitudes de abuso, precisamente para corregir su comportamiento. Al existir un cambio de comportamiento se redefine el clima de los negocios, se abren nuevos derechos para los empresarios y se evita la asfixia de los peces grandes.

Y son las pequeñas empresas las que se asfixian al ser amenazadas cuando rompen sus relaciones comerciales...

Creemos que hay un espacio notable para hacer cambios en ese sentido, pero de ninguna manera los podemos lograr unilateralmente. La economía ecuatoriana está dominada por oligopolios que han basado sus ganancias desde una posición rentista. Por eso no es de extrañarse que ahora aparezcan voces de aquellos que han vivido del acaparamiento.

Los mercados oligopólicos controlan lo sustancial de la economía nacional y esto no es un tema nuevo, es histórico. Existe una transformación del mundo rural precapitalista hacia el negocio urbano que nace concentrado. 

No se puede esperar que la Superintendencia de la noche a la mañana acabe con los monopolios y con las prácticas oligopólicas. Lo que estamos es creando una estructura de incentivos, un balance de poder y un escenario de construcción de derechos porque la propia lógica de la acumulación capitalista lleva necesariamente a un proceso de más concentración.

Existe una dictadura del capital financiero que reclama ganancias más altas y un mercado rentable que exige que la producción se efectivice. Por eso, hay que distinguir la economía de mercado de la capitalista y la lógica es que prevalezca el ser humano sobre el capital.