Durante el periodo comprendido entre 1999 y 2002, más de 2.000 empleados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) fueron despedidos de manera intempestiva por una Comisión Interventora -dirigida en aquella época por Alfredo Mancero- que fuera nombrada a partir de la Constitución de 1998.

Según documentos presentados por los perjudicados de aquella época, en el texto de despido solo se agradecía sus servicios, pero no se explicaban los motivos de la supresión de sus puestos.

“Nunca nos explicaron por qué nos echaron. Es más, hasta el día de hoy nos dicen los motivos justificados de nuestros despidos”, comenta Víctos Samaniego, quien fuera despedido en 2001, luego de 32 años de servicios al IESS.

Relatan que la Comisión Interventora basó su decisión en resoluciones administrativas que conculcaron derechos laborales porque no se respetó el contrato colectivo vigente en esos años.

Pero más allá de lo que califican como “una agresión a los derechos laborales”, lo que más lamentan los ex trabajadores es la liquidación que les dieron.

“En mi caso trabajé 29 años en el IESS, en el área de Servicios Generales. ¿Sabe cuánto me dieron? 11 mil dólares por tantos años de esfuerzo”, explica Jorge Macay, quien también laboró en la entidad.

De haberse respetado el contrato colectivo de esa época, los trabajadores cesados debieron recibir una liquidación que oscilaría entre los 25 y 30 mil dólares.

Al igual que Samaniego y Macay, cientos de  ciudadanos acudieron hasta las cortes de justicia del país para exigir el pago justo de sus liquidaciones.

“Sin embargo, ese fue un paso amargo. Desde hace 11 años buscamos justicia. Los casos siguen estancados, los papeles siguen arrumados en el suelo. Inclusive, algunos jueces laborales se han declarado incompetentes para resolver nuestros casos”, lamenta Francelín Flores, titular de la agremiación de ex trabajadores del IESS del Guayas.

Pero Samaniego va más allá. El ex trabajador, de 63 años, indica que los jueces nunca favorecieron a los empleados por presiones del Partido Social Cristiano (PSC) que, por proteger a los miembros de la Comisión Interventora, presionaron para que ningún fallo exija la reliquidación de estas personas.

“Los jueces se han burlado de nosotros. De los más de 2.000 empleados que salieron, cerca de 150  fallecieron sin haber recibido un pago justo. Cerca de 150 están con enfermedades terminales, esperando recibir justicia”, agrega Flores.