Los directivos de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) denunciaron que una sentencia emitida por la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial del Guayas, a favor de más de 100 empleados que exigen una reliquidación, afecta el presupuesto anual de la entidad guayaquileña.

En una rueda de prensa, el patrocinador legal de la APG, Roberto Gómez Mera, explicó que el fallo, dictado el 21 de enero de este año, fue elaborado por el juez Jorge Mestanza y que se encuentra “plagado de errores e inconsistencias”.

Primero indicó que el magistrado que  emitió  la sentencia había sido cesado antes de entregarla. A la fecha, este juez ha sido reintegrado a sus funciones en la Corte Provincial del Guayas.

“Este juez por la mañana había sido cesado  de sus funciones y por la tarde entregó la sentencia en contra de la Autoridad Portuaria, cuando él ya no era juez, ni consta tampoco en el centro de cómputo que él haya entregado con anterioridad el fallo (...) Es como si el fallo haya sido dictado por un ciudadanos cualquiera”, manifestó el abogado defensor. 

El también ex presidente de la Corte Suprema de Justicia  recordó que el juicio entablado por los ex empleados de la entidad consta entre los casos que fueron denunciados por el Consejo de la Judicatura por manipulación en sus sorteos. “Este juicio fue redireccionado en la sala de sorteos para que sea asignado a esta sala de la Corte Provincial de Justicia”, denunció.

En la rueda de prensa se informó que este grupo de ex trabajadores  laboró en la APG entre diez y doce años. Gómez indicó que en aquella época fue  liquidado de “manera justa y de acuerdo con la ley”.

El abogado lamentó que los jueces de la Segunda Sala de lo Penal se hayan basado en informes de la Contraloría General del Estado y de la Asamblea Nacional para ordenar el pago de estas reliquidaciones a los ex empleados.

“Esos informes no son vinculantes y solo sirven de guía para los juzgados, sino dónde queda la independencia de funciones y el trabajo de análisis de los magistrados. Además, en ese fallo, ni siquiera se le da un espacio de análisis a la apelación presentada por los directivos de la APG”, subrayó el patrocinador legal.

De la misma manera, los directivos de la entidad guayaquileña indican que es ilegal que se haya fijado el pago de 5’102.000 dólares para ser repartidos entre los supuestos afectados. “Según el artículo 19 de la Constitución, en el capítulo de Garantías Constitucionales,  establece que las acciones de protección no  se puede mandar a pagar montos específicos. En el caso que sea en contra de entidades públicas, como es el caso de la APG, la competencia es del contencioso administrativo”, afirmó Gómez Mera.

Momentos antes de finalizar su intervención, el abogado que defiende los intereses de la APG recalcó que el fallo en contra de la entidad es casi una “copia a carbón” de la sentencia del caso de la Cervecería Nacional sin que se respete lo que establecen las normativas   que   cada juicio sea analizado por separado.

La última irregularidad detectada por Gómez Mera es que la sentencia debe tener las firmas de los tres magistrados de la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas: Eduardo Guerrero, Primo Díaz y Juan Carrión. Sin embargo, en el documento solo consta la rúbrica de Guerrero,  de un conjuez y   de un juez suplente, quien fue posesionado un día antes de que se emitiera el fallo. “¿En qué tiempo estudió el caso la persona que firmó el fallo?”, se preguntó el abogado.

Directivos tomarán medidas

Vicente Pignataro, gerente de la APG, aseguró que ante la serie de irregularidades que presenta este caso, el directorio de la entidad seguirá todos los caminos legales para preservar los intereses de esta entidad pública.

“Ojalá que a base de todas estas pruebas sepamos cómo votar en las preguntas respectivas”, indicó el funcionario en referencia a la consulta popular.