Los países que han ratificado el acuerdo de San José, eje del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), llegaron a un acuerdo de nueve puntos luego de que sus representantes se reunieran ayer en Guayaquil.

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Entre esos puntos está promover incentivos positivos para lograr la adhesión de todos los Estados miembros de la OEA al Pacto de San José.

También se acordó que los países asuman el financiamiento del SIDH y soliciten un informe al secretario general de la OEA sobre cuánto tendría que aportar cada país.

De igual manera, considerarán la conveniencia de que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esté en un Estado parte de la Convención. Los países se comprometieron a dar continuidad a este foro como un espacio de diálogo.  

Y es que Ecuador forma parte del grupo de siete países que han ratificado todos los instrumentos internacionales del SIDH. Con ese antecedente inició su discurso el presidente Rafael Correa en la reunión de Estados signatarios del Acuerdo de San José.

La reunión, que se realizó en Guayaquil, contó con la participación de 18 países de los 25 que ratificaron la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.

Los representantes diplomáticos analizaron la propuesta de reforma al Sistema impulsada por Ecuador que tiene como principal objetivo corregir lo que Correa considera las falencias de la CIDH.

El mandatario ecuatoriano, que ha sido criticado por diarios internacionales de supuestas violaciones a los derechos humanos, recordó que en Ecuador no se permite la tortura, no hay pena de muerte, “no hemos invadido a ningún país, ni tenemos aviones no tripulados que realizan ejecuciones extrajudiciales”.

Bajo el Pacto de San José se generaron dos organismos: la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). “Solo para los 23 países que ratificaron el mecanismo las decisiones de los dos organismos son vinculantes”, explicó Correa.

“Varios Estados que integran el sistema están convencidos de que se necesita fortalecer la CIDH y para ello repotenciar y clarificar el papel de la Comisión. Hoy es indispensable que se revisen los excesos o las omisiones del organismo; así como los sesgos en los que incurre cuando existe presión”, dijo en cambio el canciller Ricardo Patiño.

Una de las propuestas de Ecuador es modificar el financiamiento de la CIDH. Para Correa  no se puede concebir que el financiamiento mayoritario del organismo (96.5%) provenga  Estados Unidos, país que no ha firmado el pacto de San José. “Todos sabemos que desde que el mundo es mundo aquel que financia impone las condiciones, ya basta de tanta hipocresía”, reclamó.

Para el gobernante  la fuerte asimetría entre los países miembros y los que financian ha terminado pervirtiendo a la CIDH. Puso como ejemplo que este organismo nunca ha denunciado el embargo a Cuba.

También citó al ex secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, quien ha criticado la propuesta ecuatoriana. Frente a eso, Correa señaló que el ex funcionario reconoció el gobierno golpista de Pedro Carmona, que se instaló en Venezuela en 2001, tras un breve golpe contra Hugo Chávez.

Con ese mismo criterio lamentó que la sede de la CIDH esté en Washington. Por eso se propone que el organismo se mude a Argentina.

Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, afirmó que es hora de delimitar las funciones. El jurista participó en el concurso para ser secretario ejecutivo de la CIDH, pero no fue tomado en cuenta y objetó la transparencia del proceso.

“Hay que recordar que no es importante jurídicamente lo que diga la Comisión, sino la sentencia de la Corte, esa debe tener  carácter vinculante; parece que se ha desnaturalizado el efecto de una y otra”, opinó Pazmiño.

“Políticamente se le ha dado a la CIDH una importancia que no la tiene”, recalcó Pazmiño, tras afirmar que la Comisión es un ente técnico sin valor jurídico. “Eso no es posible, nosotros tenemos a los peritos que hacen informes técnicos, pero ellos no pueden opinar, jamás estará su opinión por encima de la de un juez”, comparó el magistrado.   

“Yo he litigado en Derechos Humanos y es más costoso y difícil ir a Estados Unidos; es mucho más fácil hacerlo en Costa Rica, la sede debe estar en  los países miembros, eso facilitaría los accesos”, aseguró el titular de la CC.  

Correa recordó que la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), integrada por 34 países, especifica que es la Convención la que tiene la potestad de dirigir y reglamentar la CIDH.

Ecuador propone que se establezca un tiempo límite para que los países que no han ratificado el Pacto de San José lo hagan, de lo contrario saldrán de la Convención.