El plebiscito  realizado el fin de semana pasado en la parroquia Victoria del Portete, en  Azuay, para consultar sobre la explotación minera  contó con la participación de apenas un 10% de los habitantes. Según el alcalde de Cuenca, Paúl Granda, los resultados del plebiscito, en la que el no a la explotación minera triunfó, no tienen validez jurídica.
¿Por qué la ilegalidad de la consulta? 
Es ilegal, inconstitucional e ilegítima porque no contó con la participación de los organismos correspondientes, como es el caso del Consejo Nacional Electoral. Además,  es una consulta inoportuna que no se debió realizar sino después de un diálogo amplio y sincero sobre el tema consultado. Además, las preguntas estaban orientadas a un pronunciamiento.
¿Lo resuelto no tiene validez?
Si el organismo competente no es el que convoca a estas consultas populares, cómo puede ser válida. Es decir, vivimos en un Estado de Derecho y tiene que ser respetado por todos. Este acto fue estrictamente político y ahí estuvieron actores que tienen una posición en contra del Gobierno y de la política de minería responsable.
La gente concurrió a votar, ¿eso quiere decir que hubo respaldo?
No hubo una presencia mayoritaria. No es que hubo una presencia del 80 por ciento de la población, la verdad es que no supera el 10 por ciento la población que sufragó y que está domiciliada en la zona.
¿Qué intenciones hay detrás de la consulta?
A través de estas acciones politiqueras se quiere desvirtuar, confundir y engañar a la gente, sobre lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Esto no hace bien al territorio, al cantón ni a nadie, peor a una política minera que se la debe impulsar con seriedad y sustento.
¿Hay una política definida en el Municipio de Cuenca sobre el tema minero?
Nosotros tenemos y estamos de acuerdo con una política minera responsable y sostenible. Creemos que se debe cumplir lo que dice la Constitución, de que no puede haber actividad minera que afecte al medio ambiente. Hay que preservar la naturaleza.
 El Concejo Municipal de Cuenca emitió una resolución ¿ahí se apoya  la explotación minera?
Como en todo órgano colegiado hay diversas posiciones. La resolución que se tomó fue sometida a votación, muchos votamos en contra  pero se impuso la mayoría. Sin embargo, el espíritu es el que se pueda generar puentes para una agenda común, la construcción de argumentos sólidos sobre la responsabilidad minera.
¿Esto significa que se respalda la actividad?
Diría que no, porque la política ambiental municipal está plenamente definida, por lo que más bien se la debe mantener. No podemos ser ciegos, hay actividades económicas de toda índole que pueden ser más o menos riesgosas, entonces lo que hay que hacer es reducir esos riesgos y eso se  hace con estudios, análisis y políticas claras.
¿En el Municipio se está obstaculizando esta política?
Siempre hay criterios que de alguna manera son contrarios.