El Día Mundial de la Libertad de Prensa, que lo celebramos hoy, es una fecha  oportuna en momentos en los que se requiere ventilar unas cuantas verdades en torno al manejo de este bien ético y moral que los dueños de los medios de comunicación, convertidos en portaestandartes de la democracia, lo utilizan en Ecuador para defender sus intereses y blindarlos con la complicidad de gobiernos timoratos impuestos por la partidocracia.

No hace mucho tiempo El Telégrafo previno a sus lectores sobre la información que reposa en su hemeroteca desde hace 127 años. Esta incluye, por ejemplo, escándalos que cuestionan la calidad moral de ciertos propietarios de medios que, antes de la consulta popular, que se realizará el próximo sábado, han   tratado de vender la idea de que el diarismo nacional corre peligro por el contenido de las preguntas 3 y 9.

Pero ese no es el tema que debe preocuparles. Así que hemos removido de nuestros archivos algunos hechos que constituyen un llamado de atención a la familia Pérez, dueña de El Universo, para que revise del cabezote de su periódico la frase de Luis A. de Bonald, tan contradictoria con los actos que ocultan o defienden: “Un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la Prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la Prensa calle.

Para el primer mal hay un remedio en las leyes; para el segundo, ninguno. Escoged, pues entre la libertad y la muerte”. Veamos, entonces, qué es lo que han callado para que este día sea mucho más festivo que de constumbre: desalojos de  familiares y socios con la fuerza pública, como si se tratara de hampones; negocios  que comprometieron el futuro de Guayaquil (construcción y demolición de la terminal terrestre); extraños pero comprensibles vínculos con un vicepresidente de la República que malbarató los gastos reservados -hoy en el exilio-; la compra de una procesadora de basura con sobreprecio y que nunca se instaló en Guayaquil, así como el naufragio de un barco que transportaba combustible para abastecer al Galápagos Explorer, de la Compañía Naviera de Turismo Galápagos, Canodros. También llegaron al extremo  de colocar en el piso del urinario que mantenían en la acera de la calle Escobedo para los voceadores de su periódico (1989), una lápida con el nombre del periodista Henry Raad, cuyos comentarios incomodaban al señor Carlos Pérez Perasso, ya fallecido.

En la edición de Diario El Telégrafo, del 8 de diciembre de 1991, se publicó la denuncia de algunos casos que hemos extractado. El primero tiene que ver con sobrefacturación (sesenta y dos mil dólares) para la compra de maquinaria con la divisa estadounidense  obtenida en el Banco Central al precio oficial (1979) para venderlos en el mercado ilegal de divisas.

El segundo -en el mismo año y durante la alcaldía de Antonio Hanna- se produjo con la negociación y adquisición fraudulenta de la procesadora de basura que, aparentemente, solucionaría los problemas que aún soporta Guayaquil. La Municipalidad contrató a la compañía Bimar S.A., la misma que no fue oferente y su precio superaba en dos millones al de la otra empresa, la italiana Sorain Cechini. De acuerdo a la información de un telex enviado desde El Universo, se determinó que el intermediario fue Francisco Pérez Febres Cordero, primo de Carlos Pérez Perasso, y en ese entonces presidente del diario.

El informe del Procurador General del Estado, Nicolás Parducci Sciacaluga, hoy editorialista de El Universo, derivó en acciones legales que únicamente  sentenciaron a Hanna, cuya pena la cumplió en una clínica.

El otro tiene que ver con la construcción de la Terminal Terrestre de Guayaquil, cuya pantalla fue la compañía japonesa Fujita, detrás de la que se ocultaron  las empresas Matricsa (Alberto y Eduardo Dahik, Miguel Garzozi y Roberto Falconí), cuyo mayor accionista era Inamasa, de propiedad de  Carlos Pérez Perasso y sus hijos María Teresa, Rosa, Priscila, Carlos y César; estos dos últimos actuales directivos del Diario.

Previamente, la compañía Prenor, Predial e Industrial del Norte S.A., cuyos socios fundadores fueron Martín Icaza Pérez, Gianni Garibaldi Úraga, Jorge Sosa Torres, Jaime Roldós Aguilera y León Roldós Aguilera, había vendido a la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) los terrenos y planos para la Construcción de la Terminal Terrestre. Sin embargo, de acuerdo al libro de participaciones del Registro Mercantil, consta la empresa Adan C.A. cuyos accionistas eran Carlos Pérez Perasso y sus hijos  María Teresa, Rosa Delia, Priscila  y Carlos Pérez Barriga, además de Fernando Lebed y Ferias S.A.

Debe quedar claro que la libre asociación está garantizada por la Constitución, y ese no era el problema; lo que indignó a la ciudadanía fue que Fujita construyó con planos mal concebidos; las vigas y losetas entregadas por Matricsa se  desgranaron  con el tiempo y no soportaron el peso de la estructura que debió ser construida no hace mucho.

Tampoco han tenido escrúpulos cuando se ha tratado de un nuevo negocio, incluso ante sus familiares. A Sucre Pérez Baquerizo, quien en 1990 poseía el mismo porcentaje de acciones que Carlos Pérez Perasso, la Policía lo sacó de las instalaciones del Diario con la fuerza pública, por orden  del ministro de Gobierno de la Izquierda Democrática, Andrés Vallejo Arcos y la ejecución de Rafael Guerrero Valenzuela, gobernador de la provincia del Guayas.

Por eso ahora cabe la pregunta: ¿Quiénes son los que dan lecciones de moral en el Ecuador y ahora demandan respesto a la libertad de expresión?