La participación de las Fuerzas Armadas en el control antidelincuencial requiere de una preparación doctrinaria y técnica en materia de seguridad interna. Esto no solo les permitirá cumplir con el mandato constitucional, sino también colaborar con la Policía para neutralizar las amenazas existentes.     

Si bien en el 2011 se dio la disposición y algo se avanzó en el tema, fue necesario un llamado de atención del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presidente Rafael Correa, para que se cumpliera -a cabalidad- con la protección interna y mantenimiento del orden público.

Un informe elaborado por el jefe del Comando Conjunto saliente, general Ernesto González, señala que de los 42.979 efectivos, 1.871 participaron de operaciones antidelincuenciales durante el 2011. En algunos casos, en fase de prevención, y en otros de intervención.

El control de fronteras; la interceptación aérea; la interdicción terrestre, marítima y fluvial; la destrucción de armas y materiales conexos, cultivos ilícitos, laboratorios e instalaciones de procesamiento y acopio de productos ilegales, forman parte del trabajo realizado por los militares para contrarrestar las distintas clases de delitos, sobre todo, transnacionales.

Como resultado de 36.179 patrullajes se logró detener a 1.483 personas, 1.389 vehículos y 23 embarcaciones. Se decomisaron  316 armas, 461 explosivos, y 179,5 kilogramos de droga. Además se confiscaron 3.301 municiones.  

“La seguridad es una tarea que debemos asumir cada día con más atención, porque el mundo se ve convulsionado por problemas que aquejan a nuestra sociedad, como son el narcotráfico y el crimen organizado”, manifestó González.

La creación de instrumentos legales internos apegados a la Constitución fue necesaria para ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas y afianzar la seguridad de los ciudadanos.       

Es así que el rol de la institución militar va más allá de defender la soberanía nacional y la integridad territorial. Incluso, el Gobierno incrementó el presupuesto de las Fuerzas Armadas para que cumpla con la misión encomendada. El presupuesto del 2011 se ubicó en 27.097’043.928 dólares.

Además, el Ejecutivo entregó en mayo de 2011 la competencia del control de armas al Comando Conjunto, el mismo que creó el Departamento de Control de Armas, dependiente de la Dirección de Logística. Este departamento cuenta con cinco centros de control de armas a escala nacional en Pichincha, Guayas, El Oro, Bolívar y Orellana, y en el transcurso de este año está prevista la implementación de cuatro oficinas más en Esmeraldas, Loja, Manabí y Carchi. 

El objetivo de estos centros es resguardar la seguridad ciudadana, mantener la paz y precautelar el Buen Vivir, en apoyo con la Policía.

El nuevo jefe del Comando Conjunto, Leonardo Barreiro, coincide con el trabajo emprendido por González y está de acuerdo en que se debe realizar una planificación militar que deje de lado los escenarios tradicionales y esté presta a estar alerta a las amenazas existentes. Para ello, dijo que se dotará al personal militar de una mayor preparación, pero sin descuidar su responsabilidad de defensa de la soberanía nacional.          

Es así que se continuará hasta el 2015 con la implementación del proyecto de actualización y elaboración de manuales doctrinarios conjuntos, que permitirán  contrarrestar las amenazas y factores de riesgo para la seguridad pública y del Estado. Los estudiantes del Instituto Nacional de Defensa participan de esta labor.

El ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, corroboró esta información y sostuvo que existe la necesidad de fortalecer los protocolos y  códigos de conducta con los que una patrulla militar tiene que ir a ejercer control en las calles. “Es necesaria la capacitación para el buen uso progresivo de la fuerza... eso tiene que ser parte de una doctrina fuertemente impartida en términos de  FF.AA.”, afirmó.

Arellano recordó que la institución siempre ha aportado en seguridad interna al tener a su cargo el control de armas, pero aclaró que la Carta Magna permite una contribución mayor. “Son más de 40.000 efectivos  que tienen inteligencia y preparación para contribuir en actividades complementarias.

El tema es ver que esto sea de calidad... no se trata de ver a un militar con una HK en un supermercado”, enfatizó.
En la Policía, en cambio, prefieren guardar sigilo sobre el tema.

Incluso los generales de la Policía, en servicio pasivo, Carlos Calahorrano, José Vinueza y Jorge Poveda, que fueron contactados por este Diario, no emitieron ningún comentario. Lo único que se conoce por datos del Ministerio del Interior es que la Policía cuenta actualmente con 40.360 uniformados.

Visiones sobre rol de FF.AA.  

Lautaro Ojeda, ex subsecretario de Seguridad Ciudadana, manifestó que la incursión de las Fuerzas Armadas en las actividades de seguridad interna es válida para reprimir e investigar los crímenes de odio y a la delincuencia organizada.      

“La formación de los militares está centrada en la defensa de la soberanía. A corto plazo, su trabajo podría reducir los índices delictivos. No obstante, a mediano y largo plazo se podría dar un proceso de reversión del fenómeno”, expresó.  

El colombiano Juan Ruiz Vásquez, autor del libro “Soldados y policías”, señala que en los últimos años los gobiernos de la región han echado mano del Ejército ante la impotencia de la Policía.      

Marcelo Solórzano, vocero de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Democracia y el Socialismo, ve con acierto la decisión de involucrar a las FF.AA. en el combate a la delincuencia, sobre todo para contribuir al Buen Vivir.