Uno de los temas importantes que no ha sido analizado a profundidad en los planes de trabajo de los candidatos presidenciales es el de los subsidios a los combustibles, a pesar de que constituye un drenaje millonario  con sus respectivas repercusiones para una economía dolarizada desde el año 2000.

Cálculos oficiales determinan que ascienden a unos $ 5.000 millones anuales los subsidios a los combustibles: diésel $ 2.500 millones; gas licuado de petróleo (GLP) para uso doméstico $ 1.000 millones y gasolinas $ 1.500 millones.

El Estado subvenciona estos productos derivados del petróleo que tiene que importar en grandes cantidades para cubrir la demanda interna, por el déficit en la producción nacional. También subsidia la energía eléctrica y las telecomunicaciones, principalmente las llamadas nacionales. Pero el rubro más grande definitivamente se encuentra en los combustibles. Los recursos para la importación forman parte del Presupuesto General del Estado.

Antes la estatal Petroecuador se encargaba de realizar las compras en el mercado internacional, para lo cual debía contar con los presupuestos anuales que se reajustaban de acuerdo a las necesidades del país y el incremento de los precios foráneos.  

Para 2013 y 2014 la importación de los productos se incrementará por la paralización de la más importante refinería del país, la de Esmeraldas, que está en proceso de reparación integral, con el objetivo de que procese 110 mil barriles diarios de crudo efectivos y reducir así las compras en el exterior. Irónicamente, la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas era, hasta hace unos años, una oferta de cajón para los candidatos presidenciales.  

En la actual lid electoral los aspirantes a Carondelet no se han referido a los  subsidios del Estado, ni el tema consta en los planes económico-sociales presentados en su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. “Es un tema político muy sensible. Estamos en épocas de ofertas y difícilmente alguno de ellos puede salir a la luz pública para anunciar que va a tomar medidas y abrir un debate”, afirma el catedrático Alecksey Mosquera.

En eso coincide el consultor Luis Calero, quien sostiene que el tema no se aborda en la campaña por ser un caso muy  sensible desde el punto de vista político, porque  a una parte importante de la población no le gustará una revisión del precio de los combustibles. “En el mediano y largo plazo el perjuicio es para todo el país”, enfatizó.

En cambio, para el abogado petrolero Iván Heredia, el sistema de subsidios no podrá sostenerse por más tiempo si no se adoptan medidas conducentes a la racionalización del subsidio focalizado, exclusivamente, para favorecer a las clases más necesitadas, bien sea a través del Bono de Desarrollo Humano o de otro mecanismo que mantenga un precio preferencial.

Para Heredia, el uso del GLP se desvía al calentamiento de piscinas, restaurantes de lujo, saunas y otros consumos suntuarios, muy lejos de actividades propias del hogar, como la cocción de alimentos, tareas que permiten el uso de gas subsidiado, según la ley vigente.

El abogado petrolero se refiere al cilindro de 15 kilos, porque la bombona industrial -que cuesta 45 dólares- solo la pueden utilizar los sectores productivos y no las familias en sus viviendas.  

De hecho, Mosquera dijo que el presidente Rafael Correa, en las entrevistas donde se ha tratado el tema, manifiesta que hay que tomar en cuenta y estudiar bien todos los parámetros que podrían llevar a una posible eliminación. Sin embargo, el catedrático, quien fuera ministro de Electricidad en la actual administración, se pronuncia más por un direccionamiento de los subsidios.

Los productos “regalados”

El diésel recibe anualmente $2.500 millones en subvenciones; mientras que el gas, que cuenta con unos $1.000 millones, fuga por las fronteras, tanto terrestres como marítimas, por la diferencia de precios con que se comercializa en los países vecinos. Mientras en Colombia el cilindro de 15 kilos cuesta $ 17, en Perú se vende a $ 20, y en Ecuador apenas a $1,60.

Datos de Petroecuador revelan que el GLP se importa a $ 1,1 por kilogramo y se vende a $0,10, por lo que la bombona de 15 kilos debería costar alrededor de $ 20. Es decir, que el subsidio ya no es solo la mitad, sino diez veces más, aseguró Mosquera, para quien este producto “no se vende, sino que se regala”.

Datos de la Bolsa de Valores de Nueva York de la última semana revelaron que el precio internacional del diésel es de 3,16 dólares por galón, frente a un dólar que rige en Ecuador.

El país importa alrededor del 80% de diésel (equivalente a 28 millones de barriles) que usa al año y gasolinas entre el 50% y 60%, porcentajes que subirán al 100% con la paralización de la refinería de Esmeraldas, según cálculos oficiales.

Los porcentajes constituyen un flujo de caja “inmenso” por un subsidio que se “hace humo en el momento en que el combustible ingresa al motor de los vehículos y, en el mejor de los casos, se aprovecha apenas el 25%”, según Mosquera. “El 75% restante es calor en el agua del radiador y gases de escape que calientan el ambiente”.

A más de utilizarse en el transporte pesado, como camiones, buses y trenes, el diésel se emplea también en carros pequeños. Mosquera es partidario de que el nuevo presidente ponga “muy buenos aranceles” a la importación de vehículos pequeños a diésel, para evitar el consumo del combustible y se estimule la importación de carros eléctricos o híbridos, que son más eficientes y ahorran hasta el 50% del hidrocarburo.

Esto debido a que están en construcción los grandes proyectos hidroeléctricos que pondrán en el mercado energía de bajo costo. Al respecto, el catedrático se refirió a los paneles solares como fuente alterna de energía y que sustituirían a los calefones, que gastan GLP y afectan más a la clase media y alta, porque la clase de menos recursos económicos utiliza la ducha eléctrica.

Un aspecto que destacó Mosquera es el hecho de que el actual Gobierno continúa con el programa de las cocinas de inducción eléctrica que permitirán minimizar el consumo de GLP, y terminó la instalación de los focos ahorradores que permiten un uso eficiente y barato de la energía.

Mosquera es partidario de que tanto el Gobierno central como los seccionales se sumen a propuestas ahorrativas. Por ejemplo, rememoró que Quito ya cuenta con el trolebús y que ya inició los trámites para la construcción de un metro subterráneo que cruzará la ciudad. El experto cree que hace falta electrificar el transporte público, que consume energía siete veces menos que lo que se gasta en diésel.

Las gasolinas

En el caso de las gasolinas Extra y Súper, se registra casi el mismo  comportamiento que con el GLP y el diésel, salvo que se importan en menor volumen que este último.

La compra de gasolina en el exterior se realiza a $ 3,2 el galón y se la comercializa en el mercado interno a un promedio de $ 1,40. Es decir que en alrededor de 25 millones de barriles de gasolina que se negocian al año, el subsidio llega a $1.500 millones.

Además, el parque automotor del Ecuador está compuesto más por carros de alto cilindraje que gastan mayor volumen de gasolina, lo contrario a Perú y Colombia, donde los vehículos son más pequeños por el alto precio del combustible.

En este escenario, Heredia considera que es necesario, y “sin más dilaciones, abordar el tema del subsidio a los combustibles, que realmente constituye una fuga de divisas en cantidades elevadísimas y afecta, definitivamente, a la economía del país”.

Opinó que los candidatos presidenciales debieron haber hecho constar en sus agendas este tema, que es prioritario para el desarrollo económico y social del Ecuador. “Obviamente –añadió- no se puede eliminar totalmente el subsidio y poner el combustible a precios internacionales o de nuestros vecinos, sino que entre en una revisión paulatina, a fin de que impacte lo mínimo en la economía de los ecuatorianos”.

Luis Calero, consultor petrolero, va más allá y cree que debe existir una decisión política seria para con la nación, porque si en la actualidad el país tiene reservas remanentes (crudo que falta de explotarse) en los campos petroleros en producción para menos de 10 años, lo “lógico es suponerse que exista un giro en la política del subsidio y comience a focalizarse para los sectores más necesitados, mientras que para el resto de la población debería ensayarse un proyecto para alcanzar precios internacionales de los distintos derivados, en especial el diésel y el GLP”.

Los analistas consultados aseguran que la campaña electoral se ha centrado en temas tributarios, pero han esquivado un tema más sensible aún, como son las subvenciones.