Uno de los logros alcanzados en la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que terminó ayer en Cochabamba (Bolivia), fue la adopción de la Carta Social.

Este es un documento de doce páginas de extensión que recoge los principios de desarrollo e igualdad social que deben regir a los Estados miembros.

De hecho, la diplomacia continental la considera la continuación de la Carta Democrática, que establece a ese sistema político como el único que debe regir en el hemisferio y como componente del desarrollo.

Así lo recoge la propia Carta Social en uno de sus considerandos. “Teniendo en cuenta que la Carta Democrática Interamericana reconoce que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes”, reza el documento al inicio.

Y es que la OEA, en sus 64 años de existencia, no tenía un tratado sobre los aspectos sociales en el continente, ya que se ha centrado en cuestiones políticas.

Ante este vacío, Venezuela propuso la creación de la Carta Social en 2005. Fueron necesarios siete años de discusión para alcanzar un consenso entre los países miembros.

La elaboración del documento estuvo a cargo del “Grupo de Trabajo”, conformado por el Consejo Permanente y el Comité Ejecutivo Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (Cepcidi).

En mayo de este año el Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de Carta Social y encomendó a la Secretaría para el Desarrollo Integral la presentación de un proyecto de Plan de Acción a más tardar el 31 de agosto de 2012 para ser considerado por el Grupo de Trabajo.

Este Plan de Acción se considera fundamental, puesto que servirá para poner en práctica todos los enunciados de la Carta Social.

Pero, ¿qué temas aborda el documento? Son de toda índole, como acceso a la educación y salud, reducción de la pobreza, prevención de desastres, cooperación interamericana, entre otros.

Para lograr estas metas, la carta permite a los países escoger el camino. “Cada Estado tiene la responsabilidad primordial de su desarrollo y al elegir su sistema económico y social dentro de un marco de democracia, debe buscar el establecimiento de un orden económico y social más justo que permita y contribuya a la plena realización de la persona humana”, estipula el artículo 4 del capítulo primero.

Y el capítulo tercero complementa este enunciado al obligar a los gobiernos a: “La formulación e implementación de políticas económicas y sociales adecuadas y transparentes por parte de los Estados miembros profundizarán el desarrollo económico”.

También se coloca como meta la reducción del desempleo y la responsabilidad estatal de crear fuentes de trabajo dignas, conforme lo establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al mismo tiempo se reconoce la importancia de la propiedad e inversión privadas, especialmente “de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el de las cooperativas y otras unidades de producción”.

Uno de los puntos más importantes es el reconocimiento a las etnias de América. “Los Estados reconocen las contribuciones de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades migrantes al proceso histórico continental e insular y promoverán su valoración”, estipula el capítulo tercero.

El lunes el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entregó la Carta Social a Evo Morales, presidente de Bolivia y primer mandatario indígena del mundo.

El funcionario dijo que el texto “señala que la democracia y el desarrollo son inseparables. Todavía tenemos mucha pobreza, tenemos una desigualdad demasiado fuerte, que es incompatible con la democracia, pero la Carta nos va a guiar el camino”.

Morales, en cambio, destacó que la Carta convertirá “todos los servicios básicos en un derecho humano”.
A diferencia de la Carta Democrática, la Social no establece sanciones para quienes incumplan alguno de sus postulados.