El enfrentamiento armado entre los policías sublevados y las fuerzas especiales  que el 30 de septiembre de 2010  rescataron al presidente  Rafael Correa, luego de varias horas de permanecer  retenido en el tercer piso del  Hospital de la Policía, provocó una serie de críticas que cuestionaban  la ejecución de un plan militar  dentro de un recinto médico.

En los medios de comunicación, aquella noche y en los días posteriores,  se dijo que los fusiles utilizados en el operativo de rescate  eran de uso exclusivamente militar, pero el análisis de un experto ecuatoriano   demostró que tanto las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como la Policía Nacional  tenían acceso al mismo armamento y municiones.

En las imágenes captadas  por los canales de televisión, la noche del 30-S,   se observa que los  francotiradores de la Policía, apostados en los altos de los edificios aledaños a la casa de salud,  están dotados con    fusiles M16 A1 y M16 A2 (ver gráfico), dos   armas que  son de uso policial  y militar.

Precisamente, por esa  razón ha sido  difícil identificar a los responsables de los  disparos perpetrados en contra del Hospital de la Policía, cuyos costos por reparación superaron los 93 mil dólares, según un informe de la Contraloría.

Tampoco ha sido posible identificar a quienes dispararon  en contra del vehículo que recogió al Primer Mandatario desde los bajos del hospital policial  y que ocasionaron la muerte del sargento Froilán Jiménez,  del Grupo de Intervención y Rescate (GIR),  que fue parte del cinturón  de seguridad.

También se investiga   la muerte del estudiante Juan Pablo Bolaños mientras participaba  en la marcha   ciudadana que exigía la liberación del Jefe de Estado; y las circunstancias  en que fallecieron los  soldados  (Darwin Panchi y Jacinto Cortez, y el policía Edwin Calderón.

El experto asegura que los policías sublevados y los uniformados que participaron en el operativo de rescate  “tenían fusiles de iguales características”, con lo que se desconfigura la versión  de  que los insubordinados solo  utilizaron    balas de goma, como se difundió a través de los medios.

Casi un año después del 30-S no existe  un informe   balístico de los proyectiles que impactaron en los cuerpos y en el vehículo  del Presidente, comparado   con el estriaje de las armas que tenía el personal tanto policial como militar, una prueba importante para identificar el  arma que detonó los disparos. La  investigación, que   era responsabilidad de la Fiscalía,  no se hizo porque  no se recolectaron  las municiones.