La Procuraduría General del Estado informó que el pasado jueves 7 de febrero el Tribunal Arbitral que conoce el proceso Chevron declaró que Ecuador incumplió  dos resoluciones anteriores en las que determinó que el Estado  debía tomar todas las medidas necesarias para suspender o causar la suspensión de la ejecución y reconocimiento, dentro y fuera del país, de la sentencia del caso Lago Agrio.

El citado fallo favoreció a las comunidades de la Amazonía ecuatoriana, que acusan a la transnacional Texaco, que posteriormente fue absorbida por Chevron, de contaminación ambiental. Ante eso se fijó  una compensación económica de 19 mil millones de dólares.  “Nosotros pensamos que este arbitraje es una manipulación de la transnacional porque está forzando a que el Gobierno ecuatoriano intervenga en un proceso judicial. Recordemos que este tipo de arbitrajes se dan para evitar la intromisión de los gobiernos en la justicia, por ello es inaceptable que Chevron lo esté utilizando para lo contrario”, explicó Juan Pablo Sáenz, abogado de las comunidades demandantes.

La Procuraduría detalló que la decisión del Tribunal, constituido bajo reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (Uncitral, por  sus siglas en inglés ), tiene como base las acciones que los demandantes del caso  iniciaron para el reconocimiento y ejecución de la sentencia en otros países, como  Canadá, Brasil y Argentina.

Sobre este tema, la Procuraduría aclaró que  bajo el actual marco constitucional, ninguna autoridad puede interferir en las decisiones de la Función Judicial, lo que fue confirmado por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.

Chevron se basa en el Tratado Recíproco de Inversiones que Ecuador mantuvo con Estados Unidos. Según la transnacional, el Gobierno debió protegerlo de la decisión judicial. Para Sáenz, con el arbitraje se quiere  que el Estado asuma cualquier indemnización o perjuicio a la empresa. “Es decir, que cualquier indemnización o pérdida que tuviera que pagar como parte de este proceso judicial sea endosado a Ecuador”, señaló el patrocinador.    

El abogado de los demandantes explicó que el tratado  que invoca la  compañía se suscribió cinco años después del fin de las operaciones de Texaco en la Amazonía, por lo que no puede ampararse en él. “Esta es una gran falencia en el caso, porque la ley no es retroactiva, pero  el tema de fondo es que Chevron busca volver a litigar todos los hechos que ya se discutieron en Estados Unidos y Ecuador durante casi 20 años, con la diferencia de que ellos quieren hacerlo sin la presencia de los afectados”, aclaró Sáenz.

Por esta razón los perjudicados no reconocen este arbitraje. “Un tribunal internacional no es una instancia superior a las cortes del país, esta es una instancia alternativa, pero en este caso como ya tenemos dos sentencias no se puede tratar de anular una orden legítima”, expresó el defensor de las comunidades de la Amazonía ecuatoriana.

Acciones de cobro

Además enfatizó que ellos seguirán con las acciones de protección y de reconocimiento de cobro en otros países “como si no pasara nada”. “Al no ser parte del proceso, no tenemos ninguna orden a la cual acogernos. A nosotros como demandantes victoriosos el tribunal no nos puede dar ninguna orden porque no tiene jurisdicción sobre nosotros”, acotó.

Para el experto petrolero Jorge Pareja, la compañía tiene derecho a agotar todas las instancias, pero será decisión del país si acepta o no  el arbitraje. Recordó que Ecuador tiene abiertos otros dos procesos en arbitraje que aún no se resuelven, como son el caso de Occidental (Oxy) y Perenco.

GOBIERNO DESMIENTE CONTACTO CON LA ESTADOUNIDENSE

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que desmiente que empleados de la empresa Chevron hayan establecido contacto con algún funcionario ecuatoriano y con el Presidente de la República.

En el texto se niega que el Estado ecuatoriano busque una mediación en instancias regionales de integración, en los casos que promueve la compañía petrolera en contra de Ecuador. “Los pronunciamientos de apoyo de gobiernos amigos están dirigidos a advertir a esta transnacional de su comportamiento lesivo a los intereses del pueblo ecuatoriano, por sus campañas de desprestigio y artificios legales para desconocer sus responsabilidades jurídicas”, añade el texto.

El Gobierno reiteró su repudio ante acciones intimidatorias, así como presión política y mediática que supuestamente efectúa Chevron para desacreditar a Ecuador. “Le advertimos que cambie de actitud, reservándonos el derecho de adoptar las acciones necesarias“, finaliza el boletín.