El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Paúl Salazar, explica cuáles son los procedimientos y las decisiones aplicadas para las elecciones seccionales del próximo año.

Él descarta cualquier tipo de fraude en los siguientes comicios y destaca los avances logrados, como la creación de nuevas zonas electorales para desconcentrar las votaciones.

El país tiene 180 nuevas zonas electorales, 28 distritos en trece cantones y 15 actualizaciones urbanas y rurales. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades encontradas?

Más que dificultades hubo criterios importantes que se tuvieron en cuenta en el momento de la creación de las nuevas zonas electorales y la delimitación de las circunscripciones. Estos criterios fueron básicamente técnicos y de participación política de la ciudadanía. Sobre lo técnico cabe resaltar que lo primero que hicimos fue una evaluación de las zonas y los recintos electorales donde hubo mayor aglomeración de ciudadanos en el proceso electoral anterior. Frente a esto, pensando en servir eficientemente al ciudadano, creamos nuevas zonas para reducir la cantidad de personas en aquellas parroquias donde hay grandes cantidades de electores.

Sobre las circunscripciones los aspectos técnicos que tuvimos en cuenta fueron los de: Igualdad en la población de las circunscripciones, contigüidad, compacidad, comunidad de intereses.

En lo que respecta a la participación política se realizaron, de manera previa, encuentros de socialización con actores locales, como alcaldes y representantes de organizaciones políticas, de tal forma que pudimos identificar sugerencias útiles previo a la aprobación por parte del CNE.

¿Cómo responde a las denuncias hechas ante la CIDH por militantes socialcristianos?

Esta denuncia no ha llegado formalmente al CNE, hemos tenido conocimiento de la misma a través de los medios de comunicación. Sin embargo, cabe señalar lo siguiente: el CNE ha tenido siempre una política de puertas abiertas y en ningún momento se ha restringido la libertad de expresión de los electores.

Hemos conocido que parte de los pedidos que han realizado a la CIDH se fundamentan en que se elimine, por ejemplo, la prohibición de los aspirantes de pautar publicidad en medios.

Esto es una propuesta que implicaría un cambio en la ley, por lo que independientemente de las acciones que el CNE pueda tomar se debería proceder con el trámite de reforma legal establecido en la Constitución , lo cual considero improcedente en los actuales momentos.

Además es una propuesta que desde mi perspectiva iría en contra de los principios de igualdad que marca la Constitución y la ley, pues precisamente la prohibición busca evitar que un candidato con mayor recurso económico tenga una ventaja injusta frente a otros.

¿Cómo evitaron la falsificación de firmas en el proceso de revisión de este año?

Se implementaron fuertes medidas de seguridad informática, manejo de la información, supervisión para garantizar que no se repitan las irregularidades que surgieron en el pasado.

Una de estas medidas fue utilizar una amplia base de datos de firmas para el proceso de verificación no solo con la información del CNE, sino de la Dirección Nacional de Registro Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Agencia Nacional de Tránsito y de instituciones financieras para garantizar que tendremos varios parámetros de comparación de la firma.

Adicionalmente, la revisión se realizó en presencia de los delegados de las organizaciones políticas y de observadores internacionales.

Salazar recomienda a las agrupaciones políticas fortalecer la democracia interna para no desaparecer

¿Cree que en la agenda de los partidos se encuentran ya preceptos democráticos como la justicia social, la defensa de los DD.HH., el medio ambiente y la soberanía nacional?

Respetando nuestro rol de Función Electoral que nos impide tener injerencia dentro de la vida interna de cada organización política es importante hacer una reflexión sobre el rol de los partidos y movimientos políticos dentro del sistema democrático. Si las organizaciones se alejan de las aspiraciones de los ciudadanos, si no logran representar adecuadamente los intereses colectivos de su ciudad, de su provincia, de su parroquia, claramente perderán apoyo y respaldo de los electores y correrán el riesgo de desaparecer.

Para esto deben fortalecer sus sistemas de democracia interna, estar en permanente contacto con los ciudadanos, buscar logros colectivos y no individuales.

¿La actual legislación electoral y la justicia ordinaria están en capacidad de juzgar el erróneo uso de los fondos que entrega el Estado a los sujetos políticos?

La ley establece que las organizaciones políticas registradas legalmente en el CNE, para el ejercicio de sus actividades, cuentan con un rubro económico que proviene del Presupuesto General del Estado, en lo que respecta al financiamiento público. Pero estas también pueden tener financiamiento privado siempre que respeten los señalamientos especiales del Código de la Democracia. Si bien el CNE cuenta con la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones

Políticas que establece auditorías y sistemas de rendición de cuentas para las organizaciones políticas, el esfuerzo de fiscalización de las actividades económicas puede plantearse como un tema que no es meramente legal, sino que debe incluir la participación social. Para esto estimo que se deben fortalecer los procesos de inclusión de la ciudadanía para complementar los procesos de auditorías y rendición de cuentas de las organizaciones políticas. Este es un tema muy serio que deben conocer los ciudadanos, pues a los movimientos y partidos se les confiere un recurso que proviene de todos los ecuatorianos y si no es manejado de acuerdo a lo que establece la ley, ¿cómo se les puede confiar los destinos de un pueblo?

El alcalde de Guayaquil dijo que “si soy candidato no habrá trampa porque no nos la vamos a dejar hacer”. ¿Cómo reacciona ante eso?

Estamos dedicados plenamente a demostrar a la ciudadanía con hechos que actuamos y seguiremos actuando de manera transparente y haciendo respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Es el ciudadano el que estará informado de todo lo que hacemos como institución y podrá sacar sus propias conclusiones sobre el proceso electoral. Los actores políticos siempre tendrán una lectura sesgada de acuerdo a sus intereses o de acuerdo a si los resultados son favorables o no.

¿Cómo evalúa su gestión?

Las metas que nos trazamos desde el inicio de gestión en el CNE fueron: la consolidación democrática nacional; el mejoramiento institucional del servicio al ciudadano y la implementación de tecnología de vanguardia. Es por estas razones que considero que en términos generales la evaluación de este CNE hasta el momento es positiva, tomando como base lo sucedido en las pasadas elecciones.

Se alcanzaron resultados electorales en tiempos históricos dotados de total transparencia y legitimados por la confianza ciudadana y de las organizaciones políticas, labor ejecutada integralmente con el arduo trabajo de todos los funcionarios. La institucionalidad alcanzada, con una priorización del servicio al ciudadano, es la que debe perdurar en el tiempo, es por esa razón que esta labor debe continuar en los siguientes años de gestión.