Lasso quiere que la Asamblea Nacional retome la designación de las autoridades de control
Guillermo Lasso recibe por segunda vez a El Telégrafo en menos de seis meses. El primer diálogo fue poco después de anunciar su ingreso a la vida política. Entonces no definía si iba a ser candidato presidencial.
Ahora, como el líder oficial de CREO, plantea las últimas definiciones de cara a las elecciones de la próxima semana. En su oficina del edificio Mecano, la central de su campaña, habla sobre economía, empleo, educación superior y política internacional. Esta semana, en la práctica culmina casi dos años de campaña. No se le nota agotado físicamente, pero sí un poco más irritado en sus intervenciones.
¿Tiene ya elaborado un paquete de leyes para enviar a la Asamblea luego del 24 de mayo?
He planteado varias propuestas que requieren reformas legales. La primera es la eliminación de impuestos por cerca de 2.000 millones de dólares; requiere de un proyecto de ley que lo presentaré a la Asamblea Nacional dentro de los primeros 10 días de mi gobierno. En segundo lugar, he propuesto también crear las zonas francas de salud, que requieren de una ley que tiene implicaciones en el campo tributario, porque planteo regímenes económicos especiales para liberalizar del pago de impuesto a la renta de por vida a las nuevas inversiones, locales e internacionales en el área de salud, con el propósito de que la parte social no solo la haga el Gobierno sino también los entes privados. Luego he planteado otro proyecto para impulsar el turismo, estableciendo una liberalización del pago de impuesto a la renta durante los primeros 20 años del desarrollo de esa inversión, para poder incentivar la generación de empleo.
Sobre los acuerdos comerciales, ¿cómo evitar que se perjudique al sector agrícola con la entrada de productos subsidiados por países desarrollados?
Protegiendo a los ecuatorianos, negociando adecuadamente para precisamente evitar ese tipo de desventajas.
¿Es posible?
Por supuesto que sí. Hoy por no tener un acuerdo con la Unión Europea el banano ecuatoriano ingresa a ese bloque con un arancel de 335 euros por tonelada métrica, en cambio el colombiano lo hace con uno de 70 euros. Ahí tiene un ejemplo de cómo, al no haber un tratado de comercio, se perjudica a los agricultores ecuatorianos. Si tuvieramos uno con Europa, entonces podríamos equilibrar la desventaja competitiva del productor ecuatoriano.
Pero también está el ejemplo del Nafta (acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México) por el que los mexicanos terminaron importando tortillas de maíz. ¿Cómo evitar eso?
Hay esos casos extremos en los que tiene razón y habrá que trabajar sobre la base de esa experiencia para evitar que se produzcan esos casos extremos. Hay que negociar correctamente.
Hace casi un mes se dictó orden de prisión contra Jamil Mahuad. La Interpol no reconoció esa acción al considerarla “política”. ¿Qué acción tomará?
Como candidato yo aspiro a ser el Presidente de Ecuador, el jefe del Ejecutivo. Pretendo fortalecer la democracia respetando la independencia de poderes. El caso que usted señala está bajo la jurisdicción del Poder Judicial, por lo tanto el Presidente de la República, en un ambiente de democracia, no tiene que participar en ese tipo de procesos sino respetar lo que la justicia resuelva en cada uno de los casos que tenga.
¿Y su opinión sobre la reacción de la Interpol? ¿Considera que es “política”?
Mi convencimiento sobre la democracia me lleva a abstenerme de dar opiniones sobre las decisiones que adopten otras funciones del Estado o sobre las reacciones internacionales frente a las decisiones de estas. Yo creo que en ese caso le corresponde al presidente de la Corte Nacional de Justicia emitir una opinión, o al propio juez que está tramitando la causa.
Sobre la persecución política denunciada por la oposición, como los 10 de Luluncoto, activistas sociales o el propio Jamil Mahuad. ¿Habría una amnistía para ellos?
En mi Gobierno no existiría el caso, porque no actuaría con la sensibilidad con la que se hace ahora. Yo creo que los 10 de Luluncoto, de lo que he podido conocer, son jóvenes que de alguna manera querían expresar su punto de vista sin llegar al extremo de actos terroristas contemplados en la ley, por lo tanto le diría que siendo yo el Presidente del Ecuador, no existiría el caso de los 10 de Luluncoto.
Pero, cuando usted llegue al poder, presumiblemente, ellos ya tendrían una sentencia...
No nos anticipemos, porque de lo que tengo entendido, todavía no hay una sentencia en el Poder Judicial; por lo tanto, emitir una opinión al respecto no solo que sería inmiscuirme en la justicia sino anticiparme o establecer un prejuicio.
¿Cómo manejaría el caso de los cuatro jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que, según dice la oposición, habrían obtenido su nombramiento con irregularidades?
Exhortaría a la CNJ a que considere las observaciones del veedor internacional que participó dentro de un proceso que nació de una consulta popular. Por lo tanto le diría, para que se fortalezca, que siga las recomendaciones del veedor internacional y proceda a autodepurarse. Mi límite es exhortarla. Meter mano a la justicia, no lo voy a hacer. Que la CNJ resuelva apegada a la ley y dé una imagen de absoluta transparencia para que precisamente de esa forma contribuya a la democracia.
Cuando usted se posesione ya estarán seleccionados para los próximos años un fiscal, la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Estas autoridades han sido denunciadas por la oposición como afines a Alianza PAIS. ¿Cómo sería su relación con ellos?
Respetando la Constitución, la ley y los plazos para los que ellos fueron nombrados, porque eso determinó la ley. Fue un proceso determinado por la ley y a mí no me queda más, como presidente democrático, que respetar esos plazos.
¿Su reforma política, aquella que propone a la Asamblea que seleccione a estas autoridades, no implica nuevos nombramientos?
No. Cuando yo dije una reforma constitucional que le devuelva a la Asamblea la facultad de nombrar a las autoridades y organismos de control, no he dicho que los nombre de nuevo. He dicho que para el futuro, entonces, sea la Asamblea quien designe a los funcionarios.
¿Terminado el período de los actuales?
Por supuesto. Hay que jugar con reglas democráticas y yo pretendo ser el presidente de Ecuador; no quiero ser aquel ecuatoriano que busca controlar todos los poderes del Estado. Mal haría yo en decir que cuando yo sea presidente nombraré otro fiscal. A mí no me corresponde nombrar al fiscal, a mí lo que me corresponde es respetar los plazos de las autoridades que han sido nombradas. Muchas voces me han dicho pero esas son autoridades nombradas por el correísmo o Alianza PAIS, pero esas son las reglas del juego de la democracia y hay que respetarlas.
¿Si la Asamblea nominara a las autoridades de control, cómo hacer para evitar que se politice el tema en las negociaciones partidistas?
Ya que hoy el candidato presidente ha puesto de moda compararse con Estados Unidos, allá, en Europa y en Asia, también eso es democracia: sentarse entre los distintos bloques, a la luz del día y ponerse de acuerdo en nombrar, de acuerdo con la ley, a las autoridades de control. Pero no puede ser posible que un Consejo de Participación Ciudadana, integrado por cinco ilustres ciudadanos, que no han sido electos a través de votación popular, tengan esa responsabilidad de nombrar a los organismos de control. Que sean los propios representantes del pueblo ecuatoriano, de las distintas corrientes de pensamiento político, que a través del diálogo, a la luz del día, se pongan de acuerdo para nombrar a las autoridades.
Una de sus banderas de campaña es fomentar el emprendimiento. Para lograrlo, ¿promovería reformas laborales?
He planteado muy claramente que el problema mayor que tiene Ecuador es la pobreza. ¿Qué necesitan esos ecuatorianos para salir de la pobreza? Empleo, como la herramienta para salir de la pobreza. ¿Ese empleo, quién lo genera? El sector productivo. Por eso he planteado crear un millón de empleos basado en una política de simplificación de trámites, de eliminación del exceso de impuestos y de acuerdos comerciales que permitan generar más oportunidades para que el sector productivo invierta, emprenda y genere empleo. Ahora, en materia laboral, yo no he planteado una reforma que vulnere los derechos de los trabajadores. En mi Gobierno deberán ser respetados, pero a mí me preocupa también el derecho al trabajo que tienen los desempleados y muchas veces las empresas no contratan personal por lo que implica luego, en términos de costo y dificultades, el proceso de cuando no funciona un negocio cómo liquidar la cantidad de trabajadores que contrataron. Evitan la contratación de personas que están esperando en su casa una oportunidad. Yo creo que tenemos que generar empleo y las propuestas tienen que ser orientadas no solo a quienes ya tienen un empleo, que deben mantenerlo, sino fundamentalmente a quienes no teniéndolo debemos darle una oportunidad.
Los gremios empresariales se quejan porque en Ecuador es difícil contratar personal. En Europa se hacen reformas laborales para mejorar la productividad de estos países en relación con Asia. ¿Cómo afrontaría usted este problema, si es que lo considera así?
Yo no utilizaría la palabra problema. Normalmente en mi vida lo que analizo y considero son oportunidades para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. ¿Qué he planteado yo? Empleo productivo para la mediana y pequeña empresa. Respetando el salario básico unificado, todos los derechos laborales, que un trabajador pueda laborar en una empresa en la mañana y otra en la tarde, porque muchas pequeñas empresas no pueden contratar personal estable todo el tiempo porque su ciclos de producción son variables; entonces, en un momento dado se abstienen de continuar un proceso productivo porque es muy onerosa la contratación laboral. ¿Por qué no permitir que se pague por hora respetando el salario básico unificado y todos los derechos del trabajador? Y así toda persona que no tiene empleo puede trabajar en la mañana en un lugar y en la tarde en otro, manejando el concepto de lo que llamo empleo productivo.
¿Cómo sortear el hueco fiscal de dos mil millones de dólares que significaría la eliminación de impuestos?
Esos dos mil millones de dólares yo los voy a compensar con mil millones de dólares de menor gasto, no en salud, no en educación, yo voy a mantener la inversión social, pero vamos a ir eliminando gastos que no toquen lo social. Los otros mil millones de dólares se compensarán con la actividad económica incremental que genera ingresos tributarios producto de que esos dos mil millones de dólares que se quedan en manos del sector productivo se inviertan en nuevos proyectos que generen empleo, dinamicen la economía y generen nuevos tributos, no nuevas tasas, sino nueva generación tributaria para el Gobierno.
Si no va a eliminar inversión social, de dónde obtendría los $1.000 millones?
Por ejemplo, a través de la reducción del gasto de publicidad del sector público. No estoy hablando del Gobierno, de la Presidencia de la República, sino de todo el sector público. Por ejemplo, para darle un pequeño detalle, a mí me parece que la Presidencia de la República no tiene por qué estar cubriendo la seguridad personal del hermano del Presidente. Cuando yo sea presidente, no le voy a pedir al Estado que cubra la seguridad de mis diez hermanos, porque no cabe. Entonces, hay espacio para producir ahorros desde la suma de un dólar hasta llegar a los mil millones.
¿Cómo garantizará el acceso universal y gratuito a la educación superior?
Multiplicando las opciones de universidades, fortaleciendo la autonomía universitaria. No dudo de la inteligencia de los funcionarios del Senescyt, claro, están en una orilla ideológica opuesta a la mía, por eso pensamos diferente; pero yo a ellos no les reconozco la capacidad -porque ningún humano la tiene- de suplantar el corazón y alma de un joven que tiene todo el derecho de ejercer su libertad para escoger la carrera universitaria que él quiera para su vida. Quiero fortalecer la autonomía universitaria para que sean el rector, los decanos, los profesores, que están más cerca de los estudiantes, llevar procesos, sistemas de admisión que preserven la excelencia en la calidad de la educación. Luego que ellos, la propia universidad, manejen el diálogo con los sectores productivos a efectos de conocer por dónde va la línea del desarrollo y orientar a los jóvenes estudiantes. Dicen que hay muchos abogados en Ecuador. Estuve en un panel en Gama TV, estaban 4 o 5 jóvenes, uno de ellos debatió con otro y puso como ejemplo a los abogados. Le dijo ‘yo soy abogado y a mí qué me importa que sobren los abogados en Ecuador, esa es mi vocación y yo tengo derecho a defenderla, a mí no me gustaría que nadie interrumpa mi plan de vida’. Yo concuerdo con aquel joven.
Desde la otra orilla del pensamiento se reclama porque el país no tiene suficientes geólogos, ingenieros en minas y otras profesiones más...
Yo creo que en eso tienen razón. Pero deberíamos, respetando la libertad de los jóvenes, promover el diálogo, decirles dónde están las oportunidades para que, con libertad, escojan ser ingeniero, geólogo y no abogado. Pero eso debe ser producto del diálogo en un ambiente de absoluta y total libertad.
¿Cuando indicó que una vía para abordar la educación superior es “multiplicar las opciones”, se refirió a aumentar el número de carreras o nuevas universidades?
Más universidades. Se requieren más cupos universitarios y eso usted lo escucha en las calles de las ciudades pequeñas, donde hay demanda por universidades. Al hablar de multiplicar opciones yo quiero llevar a cabo un proceso de descentralización en materia de educación, para que esas universidades vayan donde están los ecuatorianos y no que ellos vayan a donde están las universidades.
¿Cómo evitar que al multiplicar opciones, descentralizar la educación superior, se creen esas universidades de garaje?
No pues, eso no puede permitirse porque tampoco es de desentenderse del proceso educativo. El Estado tiene derecho a establecer reglas mínimas en materia de calidad de la educación, pero no interferir en la libertad de los jóvenes.
Sobre política internacional había señalado que no apoyará regímenes dictatoriales. ¿Usted considera que Cuba es una dictadura?
Más allá de que yo lo considere o no, un valor esencial en la democracia es la alternancia en el poder. Hemos visto cómo dos hermanos han permanecido en el poder más de 50 años. Y no lo digo solo yo que la alternancia en el poder es un valor de la democracia, lo dijo Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, en 1819, cuando más o menos utilizó esta frase: No es bueno que un mismo ciudadano permanezca tanto tiempo en el poder, se acostumbra a mandar al pueblo, el pueblo se acostumbra a obedecerlo y de allí nace la usurpación y la tiranía. Otro líder de izquierda, como Ignacio Lula da Silva, en 2012 dijo que una gran conquista de la humanidad es la alternancia en el poder y le recomendaba al coronel Hugo Chávez que ya vaya preparando su retirada porque es buena la alternancia en el poder. Por lo tanto, yo creo que Cuba, al menos, por decirlo de la manera más delicada, no cumple con aquel valor de la democracia, la alternancia en el poder.
Con ese antecedente, ¿cómo se sentiría usted, de ser presidente, que Ecuador pertenezca a un foro, la Celac, que es presidido por Cuba?
Yo quiero ser frontal con esto. Yo creo que Cuba no es un país democrático, no solo porque no hay alternancia en el poder sino porque allí gobierna un partido y se confunde la persona, el partido y el gobierno; hay censura a la libertad de expresión por lo tanto yo diría que un foro de democracia no puede ser presidido por un país donde no se vive en democracia.
¿Fue un error entonces?
Por supuesto, y si como presidente de Ecuador me toca estar en cualquier foro democrático, yo no le daría el voto a Cuba.