Poder observar desde lo alto las frondosas estribaciones que se extienden a lo largo y ancho de Esmeraldas, le da sentido a aquella frase que la define como la “Provincia Verde”.

Miles de hectáreas de espesa vegetación se prolongan hasta delinear el horizonte, en un espacio caracterizado por su gran biodiversidad.

Sin embargo, la tala ilegal efectuada en la zona durante décadas ha destruido amplios terrenos, generando un gran impacto en la naturaleza. Casi 13 mil hectáreas de bosques han sido arrasadas.

En un sobrevuelo realizado la semana pasada por el Ministerio del Ambiente (MAE) en Rioverde, Eloy Alfaro y San Lorenzo se logró divisar la huella que ha dejado la deforestación en varios puntos de estos cantones esmeraldeños.

Debido a que la mayoría de las zonas afectadas está dentro del bosque nativo y de regeneración natural, el presidente de la República, Rafael Correa, firmó el 23 de septiembre el Decreto Ejecutivo N° 116, para declarar el estado de excepción de la provincia por 60 días.

La medida prohíbe la emisión de permisos para la tala en este espacio y la renovación de los existentes. Con esto se busca regularizar el aprovechamiento forestal, para que la actividad se desarrolle de una manera sustentable.

La importancia de la preservación de estas áreas radica en el tiempo que les lleva a las especies alcanzar la medida adecuada y su labor en el funcionamiento del ecosistema.

De acuerdo a datos de esta cartera de Estado, en el bosque nativo se encuentran alrededor de 26 clases de árboles madereros, como el caoba, guayacán, laurel, sande, peine mono, entre otros que son muy codiciados.

Operativos de control

Luego de la resolución tomada por el Primer Mandatario, el MAE, en un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dispuso el funcionamiento de cinco puestos fijos de vigilancia y seis unidades móviles.

Los primeros están ubicados uno en Muisne, en el sector de la Y del Salto; otro en la parroquia San Mateo, de la ciudad de Esmeraldas; dos en Quinindé, en las zonas de Las Golondrinas y La Marujita; y uno en Alto Tambo, en San Lorenzo.

El segundo grupo ejecuta operativos en lugares considerados de riesgo para la tala indiscriminada y el tráfico ilegal.

Veinte vehículos han sido trasladados hasta el patio Laureles para investigaciones

Desde la expedición del decreto se han detenido 20 camiones que presentaron irregularidades al momento de ser inspeccionados. Estos vehículos transportaban un total de 1.070 metros cúbicos (m³) de madera.

Tanto el producto como los automotores fueron llevados al patio Laureles, un sitio ubicado a 10 km de la capital provincial, donde permanecen para las investigaciones.

Narcisa Cárdenas, directora provincial del MAE en Esmeraldas, explicó que una vez detenida la madera se realiza un proceso administrativo.

“La decomisamos en caso de que no cuente con la documentación respectiva o establecida en la normativa forestal”, comentó.

Regularización del proceso

El control inicia cuando el personal autorizado solicita a los conductores la guía de circulación del producto.

En este documento debe constar el tipo de madera que moviliza, su origen, el programa forestal al que pertenece, su lugar de destino, entre otros detalles.

“Cuando nosotros los detenemos, primero verificamos el código para comprobar si se ajusta a la licencia otorgada por el Ministerio”, explicó la funcionaria.

Si uno de los datos no coincide con la guía, el vehículo es retenido.

Por ejemplo, si en ella se registra que traslada laurel y, además, lleva otras especies, o una cantidad diferente a la autorizada, el carro es llevado al patio de detención.

“El objetivo es regularizar todo el proceso, lo que se llama la trazabilidad de la madera, desde que se obtiene del bosque, se la moviliza y se comercializa”, añadió Cárdenas.

Cuando se decomisa, el producto es rematado con el fin de generar fondos para proyectos de incentivos con los pobladores de la zona.

Parte de lo incautado se entrega a centros de rehabilitación social de hombres y mujeres.

Asimismo, se estudia la posibilidad de realizar estas donaciones a establecimientos educativos de escasos recursos.

Programas con la comunidad

Como parte del plan de acción, el Ministerio del ramo socializa tres proyectos de incentivos con la ciudadanía y los pequeños productores.

Uno de estos es el Socio Bosque, que consiste en un acuerdo con las personas involucradas para la conservación voluntaria de los espacios protegidos.

El segundo es un plan de reforestación con las juntas parroquiales, por medio del cual pueden obtener apoyo económico del Estado.

La zona es el hábitat de varias especies de animales consideradas en peligro de extinción

Mientras que el tercero consiste en un asesoramiento forestal, en caso de que los individuos o asociaciones sigan interesados en continuar con la actividad.

“Les enseñamos cómo deben elaborar el plan de aprovechamiento para que sea aprobado por el MAE y otorgarles su licencia”, explicó Cárdenas.

Señaló que también los capacitan en temas de comercialización a fin de evitar a los intermediarios, puesto que en muchas ocasiones no reciben un precio justo.

Esto les permitirá vender los productos en un valor adecuado, para contribuir en el mejoramiento de su calidad de vida.

Dentro de estos programas se encuentran inscritos 180 individuos.

Además, esta iniciativa permitirá determinar una línea base de todas las personas que se dedican a la actividad forestal, tanto formales como informales.

Actualmente esta cartera de Estado tiene un registro de 2.975 actores dedicados al aprovechamiento de los recursos madereros en la provincia.

En esta cifra constan empresas de ejecutores, motosierristas, transportistas, comerciantes, propietarios de terrenos, entre otros.

De igual forma, durante el estado de excepción decretado por el Ejecutivo se verifica el correcto uso de las 658 licencias otorgadas para el bosque nativo y de regeneración natural.

Conservación de un hábitat

La importancia de cuidar este espacio radica también en que constituye el hogar de muchas especies de animales endémicos del Ecuador.

La intervención humana en estas áreas los obliga a desplazarse y adaptarse a otros sitios.

Algunos de los mamíferos, reptiles, anfibios y aves que se encuentran en esta zona están considerados en peligro de extinción.

Muchos de ellos cumplen una importante función para mantener la integridad estructural de los sistemas forestales, ya que controlan los niveles de población de sus presas, como es el caso de los carnívoros, o el consumo y distribución de semillas, como ocurre con las especies herbívoras.

Entre los animales que se encuentran en la provincia y constan dentro de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (Cites) están el jaguar, tigrillo, margay, águila harpía, pecarí de labio blanco, mono aullador, mono ardilla, mono araña de cabeza café, la nutria, entre otros.

Mientras que las especies que presentan un mayor peligro ante la intervención maderera son el armadillo, el perezoso, el oso hormiguero, el caimán, la boa constrictora, la iguana, la guanta, la zarigüey.

La construcción de carreteras en la zona afecta el entorno natural del bosque nativo. Fotos: Carina Acosta | El Telégrafo