La mesa legislativa de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional sesionó ayer para analizar, entre otros puntos, el financiamiento del Estado a las pensiones que paga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Este punto se incluye en el proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, cuyo informe para segundo debate se aprobará hoy. La comisión se reunirá a las 17:30, en el barrio de IESS-FUT, al sur de Quito.

La reunión contó con la presencia de varios jubilados y trabajadores de las empresas telefónicas que reclamaron ser recibidos en comisión general. La propuesta fue hecha por la asambleísta Cristina Reyes (PSC-Madera de Guerrero). La moción  fue aprobada por la mayoría de sus compañeros.   

Los jubilados llegaron con carteles en mano para hablar sobre el futuro de sus ingresos por la supresión del aporte desde el Estado del 40% a las pensiones de los jubilados del IESS, lo cual consta en el proyecto de ley. El asambleísta Diego Salgado llegó con ellos y cuestionó la medida.       

Reyes criticó el análisis del financiamiento del Estado a las pensiones de los jubilados del IESS. La presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, dijo que AndrésPonce, director general del IESS, llegó para aclarar la inseguridad que existe. Y en ese momento se produjo un  intercambio de palabras entre ambas.

Ponce, quien acudió en representación de Richard Espinosa, presidente del Directorio del IESS, afirmó que el Estado no debe un solo centavo al IESS, ya que el Ministerio de Finanzas ha hecho todas las transferencias hasta la fecha.

Explicó que para el 2015, el 40% de las pensiones representan $1.200 millones, valor que consta en el Presupuesto General. “El único Gobierno que está al día con el IESSes este.Ya está pagada esa deuda en su totalidad. La supuesta deuda de salud no existe y no existe un reglamento por lo cual se tendría que regularizar eso”, dijo el funcionario ante los asambleístas.

El legislador Fausto Cayambe (PAIS) cuestionó un supuesto abandono del IESS. Con documentos en mano dijo que se pagaron $ 850 millones en 2010; $ 827 millones en 2011; $ 1.039 millones en 2012; $ 989 millones en 2013 y $ 1.216 millones en 2014.

El pasado martes 7, la Secretaría de Comunicación afirmó que el Gobierno no adeuda rubros a la institución y que este pagó más de $3.500 millones hasta diciembre de 2014. Por eso también descartó la supuesta deuda de $1.700 millones.

En la sesión se sumaron los trabajadores de las telefónicas que cuestionaron que se modifique el artículo 97 del Código de Trabajo que afecta las utilidades en este sector. Esteban Villalba, representante de los trabajadores, dijo que son 16.000 familias las que se afectarían por esta reforma y señaló que es una propuesta “regresiva, inconstitucional e ilegal”.

En los exteriores de la Asamblease sumaron también más trabajadores que no aprueban esta reforma laboral. (I)