Una vez que entre en vigencia la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, más conocida como reforma tributaria, las personas naturales o jurídicas que por demandas o juicios de excepción deban al Estado, tendrán 10 días de plazo improrrogables para cancelarlas.

El proyecto de ley, que está bajo análisis de la Asamblea, establece el carácter retroactivo para ejecutar el cobro, por lo que empresas como las de Álvaro Noboa están en la mira.

La décima Disposición para el Cobro Eficiente de las Acreencias del Estado, prevista en la reforma tributaria, precisa que terminado el plazo para que quienes deban al Estado cancelen sus deudas, los juzgadores de primera o segunda instancia, los tribunales contenciosos administrativos o de casación en el término de 24 horas oficiarán al Juzgado de Coactivas el archivo del proceso, de no acatar la disposición  los funcionarios serán destituidos por el Consejo de la Judicatura. 

Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), aclaró que para juicios de excepción, la caución por el valor de la glosa ya no será del 10%, sino del 100%.

Dijo que en el caso de la Compañía Exportadora Bananera Noboa, una vez aprobada la normativa deberá cumplir con su obligación que ascendería a 93 millones de dólares.

El funcionario sostuvo que esta compañía fue declarada en quiebra, luego de que los abogados Jorge Gavilánez y José Rodríguez no recibieron el pago de sus servicios, pese a reiteradas órdenes judiciales. La cuantía solicitada por los abogados asciende a cerca de 28.000 dólares.

“Estas personas lo que hicieron es demandar a la empresa por insolvente. Para las personas jurídicas la insolvencia equivale a la quiebra”, explicó.

Sostuvo que el juez  Primero de lo Civil del Guayas, Ricardo Rivadeneira, notificó a la Registraduría de la Propiedad, a las notarías y al SRI a un concurso de acreedores en contra de la compañía demandada.

Hasta el momento, la empresa dejó que el proceso legal continúe su curso.