El director del Servicio de Rentas Internas (SRI) explicó que la propuesta del Ejecutivo para conseguir los recursos para elevar el Bono de Desarrollo Humano está sustentada. Quien diga lo contrario está actuando con demagogia.

¿Por qué escoger a la banca?

Una vez que hay consenso nacional sobre la necesidad del incremento del bono, que se ha venido estudiando en el Gobierno, se estableció que se necesitarían más de $ 300 millones. Los principios constitucionales están establecidos en el artículo 300 y son básicamente de justicia social y equidad. En ese parámetro, se buscó un sector que se encuentre en situaciones económicas extraordinarias. Se trata de contribuir con un poquito de esas utilidades, con más de 1’900.000 hogares que entre madres, personas con discapacidades y adultos mayores vienen percibiendo para cubrir en muchas ocasiones en algo la canasta mínima de consumo.

¿En qué consiste la reforma?

En el proyecto de ley  que ya está en la Asamblea se alcanzarían $ 122 millones, resultantes de la propuesta, y 40 millones por concepto de medidas administrativas. Son cinco artículos.

En la propuesta está el cobro del IVA a servicios bancarios. ¿Cómo garantizar que no se cobre a los usuarios?

Las tarifas son reguladas por la Junta Bancaria y por eso no existe ninguna posibilidad de que se traslade a los ciudadanos. Si por un servicio se paga $4, lo que se hará es cobrar sobre ese valor el IVA y el usuario no pagará más.

¿En qué consisten las medidas administrativas?

Existen dos tipos. Las que tienen que ver con la tasa que pagan los bancos a la Superintendencia para su funcionamiento y para que les preste el servicio correspondiente a esas entidades, y será esta entidad la que deberá establecer los costos. Lo otro es el tema de sueldos del grupo directivo, que debe ser regulado por la Junta Bancaria, porque los servicios financieros están considerados  servicios públicos, porque son clave para el desarrollo del país. Además, el sistema bancario funciona con capital ajeno, es decir con los depósitos de 7 millones de depositantes. Las remuneraciones sin límite con plata ajena no caben, deben ser reguladas; esto permitirá mayor eficiencia, que aumente la ganancia de los accionistas y hasta mejoren las utilidades para los trabajadores.

¿Cómo garantizar que la información tributaria no sea mal utilizada?

La información tiene el carácter de confidencial y el SRI respeta la ley. En el caso del sigilo bancario desde la reforma de 2009 se lo levantó para fines tributarios, pero no entendemos por qué la banca se niega a entregar información y por ello se consideró dejar establecida esta disposición, para que no se diga que está fuera de la ley. En más de un centenar de países no existe un sigilo bancario para fines tributarios. No vamos a seguir a 7 millones de personas que tienen cuentas, más del 80% tienen saldos que no llegan a los $ 1.000. Una muestra es el manejo que le hemos dado a la declaración patrimonial que se ha mantenido en reserva.