El último 11 de julio, fecha en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó los resultados oficiales de la consulta popular, del pasado 7 de mayo, automáticamente inició el plazo de 18 meses que tendrá el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) para desarrollar la reforma de la Función Judicial que propuso el Ejecutivo en el plebiscito.

Luego de una semana de reuniones, con más de 500 representantes del sector judicial del país, los tres delegados del CJT (Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernado Yavar) empezaron a diseñar el cronograma de acciones que se desarrollarán en los próximos meses. El CJT, según dispuso la Consulta, tiene 18 meses para cumplir con el mandato popular.

El pasado 9 de agosto se presentaron los seis ejes, que ya habían sido esbozados con anticipación, que conforman el plan de reestructuración del sistema: talento humano, modelo de gestión, infraestructura civil, gestión financiera equitativa, mejor tecnología y cooperación.

Pero antes de anunciar esta hoja de ruta, el 3 de agosto el cuerpo colegiado tripartito emitió la primera resolución con la que cesó en sus funciones a 38 jueces, 6 juezas y 4 conjueces, designados con nombramiento provisional, en el período 2009-2011, por el Consejo de la Judicatura (CJ), dirigido en esa época por Benjamín Cevallos.

La resolución incluyó, además, dejar sin efecto 42 nombramientos provisionales de personal judicial y administrativo, celebrados entre el 1 de enero y 13 de julio de 2011. De la misma forma se dieron por terminados 71 contratos de servicios suscritos durante el mismo período.

Esta medida del organismo dio visos sobre cuál será uno de sus pilares de trabajo, por lo menos los primeros meses de su gestión: el talento humano y la constante evaluación del trabajo de los servidores judiciales.

Paulo Rodríguez, delegado del Ejecutivo y presidente del organismo transitorio, explicó que la decisión se tomó luego de analizar los informes presentados por los departamentos de recursos humanos en los que se detectó que el desempeño no había sido óptimo.

Además, varios de los nombramientos de los cesados adolecían de irregularidades, porque se otorgaron sin un previo concurso de méritos y oposición, como establece la normativa nacional. “Efectivamente hay evidencias de que habrían  unos cuantos nombramientos producidos no estrictamente en derecho”, declaró el titular del CJT, Paulo Rodríguez.

Nuevo esquema de evaluación y estímulos por el desempeño

Para delinear su hoja de ruta, el cuerpo colegiado recibió informes de varias agremiaciones vinculadas al sector y de distintos organismos gubernamentales, como el propio Ministerio de Justicia, Cultos y Derechos Humanos.

En dichos documentos se advertía que en el actual sistema judicial no hay un régimen integral de gestión con procesos técnicos de ingreso del personal, ni se desarrollan evaluaciones objetivas y periódicas. También se informa que  las remuneraciones se realizan de manera antitécnica por escalas y que no implementan la promoción por méritos que garantice la carrera judicial.

Para cambiar esta realidad, durante la presentación de los seis ejes el consejero Fernando Yávar, delegado de la Función de Transparencia, informó que se implementarán procesos de selección y evaluación de jueces, fiscales, defensores y funcionarios administrativos.

Los delegados han advertido que dentro de las acciones urgentes que se tomarán están  los llamados a los concursos de merecimientos en los cuales se busca designar a nuevos jueces, conjueces y ayudantes judiciales. También se prevé la creación de la Escuela de Jueces para capacitar constantemente a estos servidores. En el plan se prevé que la contratación de jueces, fiscales, defensores públicos y personal administrativo se realizará en el octavo mes de gestión del CJT.

Ángel Rubio, presidente de la Federación Nacional de Judiciales del Ecuador (Fenaje), indicó que todos los ejes presentados por el cuerpo colegiado de transición son importantes y “buenos”, porque buscan atacar los problemas del sistema judicial desde su raíz. Aunque confesó que para la agremiación que él dirige los puntos de talento humano y cambios de gestión son “los que más nos interesan”.

Para el dirigente judicial, los servidores del sector deben estar en permanente capacitación con el objetivo de tener resultados óptimos de sus gestiones laborales.

Sobre el tema de la evaluación, el titular de la Fenaje señaló que ese procedimiento está contemplado en la Carta Política, por lo que los servidores públicos aceptan los constantes exámenes a sus rendimientos que se planifica hacer, pero  que “no solo deben ser vigilados, castigados o auditados, sino que también deben tener estímulos en función de sus resultados”.

Para Rubio, el rescate de la carrera judicial solo será posible si la capacitación por parte de los estamentos del Estado es continua. “La carrera judicial desapareció con el anterior Consejo de la Judicatura”, resaltó el presidente de los judiciales.

El proceso de evaluación de todos los servidores del sector justicia está previsto desarrollarse durante los tres primeros meses de trabajo del Consejo Transitorio.

La oralidad, una opción

Actores vinculados con el sector de justicia coinciden que poco servirá  que se capacite a los servidores si la “tramitología” que hay en los juzgados se mantiene.

Pablo Costa, ex secretario del Colegio de Abogados de Pichincha, retomó el punto del talento humano señalando que se debe apuntalar una serie de incentivos para impedir los actos de corrupción en las cortes. “Ese es un punto válido, pero lo realmente importante es el tema de los procesos (...) La tramitología debe ser mínima para que mi presencia en el juzgado sea la menor posible y el abogado tenga la posibilidad de que su mayor actuación sea en una audiencia oral en donde se vea su capacidad, en donde tenga que presentar sus alegatos con bases y se pueda dirimir un caso”, indicó el también vocero principal del Acuerdo por Una Nueva Justicia y el Fin de la Impunidad, una agrupación conformada por veedores del proceso de reestructuración del sistema.

Durante la presentación de los ejes se anunció, además, el diseño e implementación del sistema de indicadores y medición de gestión del sector  de justicia a nivel nacional, desde el primero al quinto mes de trabajo del CJT. En el acto, Tania Arias, delegada del Legislativo al organismo, resaltó que la oralidad puede convertirse en uno de los métodos más efectivos para reducir los tiempos en los procesos.

Con esta opinión está de acuerdo Acosta, quien acotó que en la actualidad solo en los temas laborales se aplica el método de las audiencias orales, no obstante no se respeta la esencia de este procedimiento.

“Lamentablemente, en la mayoría de casos en la actualidad, los abogados tienen la posibilidad de obviar la presentación del caso de manera oral y el juez sigue aceptando que se presente un escrito. Luego dijo si las partes desean acotar algo más y promete una resolución en, aproximadamente, 30 días”, explicó Acosta.

De las piolas a cero papeles

Uno de los escenarios más comunes en los juzgados del país es ver a los secretarios hilando las hojas -que en la mayoría de casos suelen ser cientos- de los juicios que se dirimen en las distintas salas.

A menos de una semana de realizada la consulta popular, el Ejecutivo -como proponente del referendo- fue el primer poder del Estado que anunció el nombre de su representante al CJT. El presidente de la República, Rafael Correa, informó que se había seleccionado a Paulo Rodríguez, ex director nacional del Registro Civil, por su óptimo trabajo al haber modernizado el sistema de esta entidad. “Fíjese que ni siquiera estoy mandando un abogado, porque estoy convencido de que los problemas del sistema de justicia son de gestión. Es un ingeniero en telecomunicaciones y electrónica, maestría en informática con especialización en competitividad y estudios de telecomunicaciones de Japón”, dijo el Jefe de Estado justificando la elección de Rodríguez para el colegio tripartito.

La misión ha sido clara desde que se comenzó a hablar sobre la consulta popular: llevar al sistema de justicia a “cero papeles” como se implementó en tres estados brasileños y varias  regiones de Chile. Es por este motivo que, inclusive antes del plebiscito técnicos brasileños y chilenos han trabajado con funcionarios del Ministerio de Justicia para desarrollar una nueva plataforma informática en las cortes del Ecuador.

Dentro de la planificación del CJT se invertirán cerca de 100 millones de dólares para desarrollar sistemas que incluyan la  firma electrónica de documentos y la digitalización de la mayor parte de los procesos. Esta acción se implementará desde el segundo al décimo cuarto mes de gestión del organismo transitorio.

En la actualidad, las cortes provinciales laboran con el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje). Esta plataforma es la que sirve para realizar las notificaciones de las distintas instancias (desde el sorteo, llamado a audiencias y sentencias)  a las partes involucradas en los procesos.

Varias veedurías ciudadanas han presentado denuncias de que este sistema presenta constantes fallas y que no permite que la ciudadanía tenga un real conocimiento de la forma como se desarrollan las causas en las que están inmersas.

Otro de los factores que desde el CJT se desea optimizar es la interconexión entre las  cortes del Ecuador. El anterior Consejo de la Judicatura logró establecer  el vínculo informativo entre las sedes de justicia  de 98 cantones.

Esta cifra, para los especialistas, aún se presenta como mínima teniendo en cuenta que en la actualidad se registran cerca de 1’200.000 causas judiciales represadas en los juzgados. “Es un trabajo muy complejo el que ha asumido este nuevo organismo”, manifestó el abogado Pablo Acosta.