El Consejo Nacional Electoral (CNE) realiza el control de la publicidad no autorizada, debido a que existen anuncios en vallas que pueden incidir en la decisión de la ciudadanía.

El objetivo del organismo es controlar la difusión de propaganda no autorizada, para evitar que exista inequidad durante el periodo de campaña. Esto debido a que los 54 sujetos políticos calificados aún no realizan ningún tipo de propaganda a través de los medios de comunicación nacionales, provinciales y locales.

El artículo 115 de la Constitución establece que “los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias”.

La consejera Marcia Caicedo reveló ayer un informe en el que se detalla que varias instituciones públicas infringen la ley, al  posicionar anuncios inductivos en  carreteras y  afiches en los edificios de instituciones públicas.

Caicedo destacó tres aspectos importantes  en su investigación: inicio de campaña anticipada, uso de recursos públicos y publicidad no autorizada.

Dijo que en algunos spots difundidos antes del inicio oficial de la campaña, se pudo notar que los mensajes persuadían a la audiencia a que se incline por alguna de las dos opciones de respuesta que plantea la consulta.  

El vocal del organismo electoral, Fausto Camacho, sostuvo que luego de realizar la inspección de vallas publicitarias en la vía Quito-Papallacta se encontró que existen materiales impresos publicados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que  infringen la ley.

De tal forma, expresó, que las instituciones públicas que publicaron ese tipo de mensajes serán notificadas por el CNE, para que en un plazo de 24 horas retiren el material publicitario de las vallas.

Caicedo no descartó que una vez abierto el expediente a las entidades que infringieron la ley,  sea remitido al Tribunal Contencioso Electoral y a la Contraloría General del Estado, entes de control y fiscalización, para que revisen las faltas en las que han incurrido y emitan las sanciones respectivas.

El Consejo en pleno solicitó la colaboración de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para la aplicación de esta resolución, que tiene como propósito vigilar y regular la promoción electoral  de los distintos actores políticos y sociales.

Denuncia en contra de Simon

Los asambleístas Andrés Páez y César Montúfar acudieron a la Fiscalía Provincial de Pichincha para denunciar al titular del CNE, Omar Simon. Lo acusan de haber cometido el delito de peculado.

Según Páez, el CNE habría adjuntado a las notificaciones de los integrantes de las  Juntas Receptoras del Voto, un ejemplar del periódico El Ciudadano, en cuyo interior habría constado un inserto publicitario en el que se inducía a una respuesta de una de las preguntas de la consulta.

La denuncia se la realizó ante el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, quien se comprometió a  investigar.

Al respecto, el consejero Camacho aseveró  que la  denuncia es improcedente, ya que el contrato de la  entrega del periódico El Ciudadano no está a cargo del  CNE.