La Comisión de Régimen Económico y de lo Tributario votó ayer por el primer informe del proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social, enviado por el presidente Rafael Correa hace 13 días. La Comisión tiene 48 horas para distribuir el documento al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, quien a su vez lo repartirá entre los  124 asambleístas.

Luego de este proceso, el titular del Legislativo pondrá en la agenda, como punto del día, el primer debate. Debido a la premura del tiempo, ya que la iniciativa se tiene que aprobar o negar en 30 días, la discusión se realizaría el jueves 8 de noviembre en horas de la mañana.

La nueva ley tributaria  necesita 63 votos para ser aprobada en el segundo debate porque en el primero, Francisco Velasco, presidente de la Comisión, solamente recogerá las observaciones y recomendaciones que den los asambleístas al respecto.

Rosana Alvarado, asambleísta del movimiento PAIS, dijo que el proyecto de ley hace realidad lo que la Constitución señala: “hacer de la banca privada un servicio público”. La legisladora  también señaló que la norma contaría, en el momento de la votación, con el apoyo de toda la bancada oficialista  y de sus aliados, como es el caso del partido Socialista Frente Amplio. “La bancada del partido ha discutido permanentemente sobre el proyecto e inclusive invitamos a Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), a analizar la propuesta”, informó Alvarado. Agregó que hay asambleístas comprometidos con la banca, que responden a intereses económicos.

Del plazo de 30 días ya han transcurrido 13. Si la Asamblea no se pronuncia, la norma entrará en vigencia por el ministerio de la ley y se haría efectiva a partir del 1 de enero de 2013, cuando empieza un nuevo período tributario.

La bancada de oposición todavía no determina su votación con respecto a la iniciativa legal. La mayoría de ellos espera recibir el informe para analizarlo  y así definir una postura en el pleno.

En el caso del Partido Sociedad Patriótica (PSP), el asambleísta Gilmar Gutiérrez dijo que tanto la bancada como el partido están a favor del alza del Bono de Desarrollo Humano (BDH), pero sin quitarle el dinero a nadie.“Esperaremos al informe, pero hicimos dos observaciones: la primera es que lo recaudado sea solo para el bono. El otro punto sería impedir más poder de persecución al SRI, con respecto al sigilo bancario”, comentó. Gutiérrez mencionó que  están de acuerdo con el bono y su votación dependerá del informe.

La bancada del Movimiento Popular Democrático (MPD) también realizó observaciones. El asambleísta Jorge Escala explicó que su partido apoya el incremento del bono y que la votación por la aprobación será si la Comisión recoge las observaciones que plantee su asambleísta Ramiro Terán. “Somos partidarios del incremento del bono, pero este debe ser productivo. Además la ley debería tomar en cuenta también a otros sectores productivos como las telefónicas para el alza del bono”, dijo Escala.

Madera de Guerrero, Pachakutik y los asambleísta independientes, que actualmente pertenecen al movimiento Creando Oportunidades (CREO) coinciden en que el bono debería ser parte del presupuesto del Estado o por decreto.
María Paula Romo, del movimiento Ruptura, también ha criticado el proyecto, pero no ha definido su postura.

La reforma legal pretende financiar el BDH a través del cobro de tributos sobre utilidades netas de la banca. Cifras del SRI indican que solo en el 2011 el sistema financiero ganó 460 millones de dólares. Con respecto al pago de impuesto la banca canceló 170 millones de dólares.