La dirigencia de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe) suspendió el diálogo con delegados del Gobierno con respecto a la problemática entre etnias de la Amazonía, que el 29 de marzo pasado habría dejado varios fallecidos tras un enfrentamiento precisamente entre miembros waoranis y taromenanis.

Mientras tanto, ecologistas y dirigentes de la Conaie que dicen solidarizarse con las víctimas del conflicto, organizaron una misa campal en Quito para  exigir la renuncia del ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor.

Con carteles, cantos y un acto ecuménico realizado ayer en los bajos del Ministerio, en el norte de Quito, Susana Castillo, del Vicariato de Aguarico; Severino Sharupi, líder de las juventudes indígenas de la Conaie; “Mamá Josefina”, de la comunidad de Otavalo; el padre Antonio Martínez, de la Diócesis de Riobamba; artistas y unos 40 activistas coincidieron en que la problemática entre etnias indígenas no se debe tanto a un contexto histórico y cultural, sino a las actividades extractivas de la madera y petróleo en la Amazonía.

Repartieron hojas volantes exigiendo la salida de Pástor por, supuestamente, “desconocer de forma sistemática a los pueblos indígenas, al ampliar la frontera petrolera y la modificación  de los límites de bloques petroleros, sin contar con licenciamientos”.

Por su parte, en Puyo, Gilberto Nenquimo, vicepresidente de la Nawe, dijo que “debido a la actitud negativa que han asumido los delegados del Gobierno en el tratamiento del tema sobre el enfrentamiento entre las dos etnias”, han decidido planificar actividades por su cuenta.

En ese sentido, representantes de las 48 comunidades waoranis, junto a otras  nacionalidades y organizaciones, han sido convocados para una reunión en Puyo (Pastaza) el 22 de abril próximo, en donde el tema central será buscar una salida al impasse que mantienen con los pueblos en aislamiento voluntario, Taromenani y Tagaeiri.

Nenquimo insistió en que, al menos por una semana, no entablarán ningún diálogo con representantes del Estado, no emitirán comentarios y no facilitarán las fotos, grabaciones y otras evidencias que dicen tener del enfrentamiento.

Explicó que el no haber manejado una sola hoja de ruta y la coordinación entre el Estado y la dirigencia waorani estarían complicando más el problema, ya que tras una llamada telefónica recibida desde Yarentaro le comunicaron que esa comunidad se declaró en alerta frente a la expedición oficial que habría ingresado al sitio del conflicto.

El ataque waorani, según dijeron fuentes que conocen del tema, se ubicaría en una zona intangible entre los ríos Tiputini y Cononaco, en Orellana. “Como fueron por su cuenta, ojalá regresen con vida, la dirigencia waorani no tendrá ninguna responsabilidad si se dan hechos lamentables”, advirtió.

Por considerarse relegados de los vuelos de observación y de la operación terrestre y no tener respaldo gubernamental para solventar el impasse entre las dos etnias, dijo que los dirigentes waoranis, incluso, han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envíe una delegación al Ecuador, a fin de que inspeccione la zona del incidente y ayude en la búsqueda de una solución al problema.

Para fortalecer ese pedido, una comisión de dirigentes waoranis viajará a mediados de  mayo a Washington (Estados Unidos) y a San José de Costa Rica  para entrevistarse con las máximas autoridades de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH.

“NO QUEREMOS UN DIÁLOGO SOMETIDO A CHANTAJES”

La ministra de Justicia (e), Carmen Simone, dijo ayer a El Telégrafo que no entiende la actitud de los dirigentes waoranis, quienes aseguraron que se sienten relegados de los diálogos con el Gobierno y, sin embargo, no asistieron a una reunión con delegados del Estado, a la que se comprometieron a acudir el martes último en Quito.

Simone fue enfática en aclarar que  están abiertos a mantener un diálogo “transparente y fluido, pero no un diálogo sometido a chantajes ni a presiones de ninguna índole”.

Aclaró que si los waoranis aseguran tener fotos, videos y más evidencias del enfrentamiento entre las dos etnias, y si saben las coordenadas del sitio donde ocurrió, “no pueden chantajearnos y decir que no nos van a dar. Ellos tienen que presentarlos a la justicia, a la Fiscalía, que es la que investiga, porque al retener esa información pueden incurrir en un delito por obstruir la justicia”.