El proyecto “Mochila Escolar Gratuita”, que    en marzo de 1997  dio paso a  un juicio   por  peculado en contra del ex presidente Abdalá Bucaram y de la ex ministra de Educación Sandra Correa León, significaba para el país      1’200.000 mochilas con material didáctico ($29’760.000), 800 mil textos escolares ($4’400.000), ocho unidades médicas móviles  ($1’584.000 cada una) y 100 restaurantes de lectura ($4’256.000).

La ex ministra, según publicó ayer este diario, deslinda responsabilidades en ese supuesto hecho ilícito, al detallar cómo se cerró el contrato por parte de los gobiernos posteriores, en las mismas condiciones en que se firmó en su administración.

El contrato se firmó  el 11 de noviembre de 1996 por  40 millones de dólares,   que serían financiados por la misma   empresa proveedora  Promotora de Intercambio, asentada en Colombia,  para un plazo de ocho años     -incluidos dos años y medio   de gracia-   con un   interés anual   del 4%. El convenio  había sido aprobado por  la Procuraduría,  la Junta Monetaria y  el   Ministerio de Finanzas.

Desde entonces, el  documento fue   modificado en varias ocasiones, tres de ellas por el gobierno de Fabián Alarcón (1998), aunque no se realizaron  cambios sustanciales. La cuarta enmienda se hizo en diciembre de 2000, bajo la administración del ex presidente Gustavo Noboa, con el fin de atender algunos  requerimientos de los diferentes sectores     educativos. Se revisaron algunas cantidades y fechas de entrega, pero los costos del contrato original no se alteraron.

Pese al presunto  peculado que se denunció en torno a ese contrato,  el  Estado ecuatoriano cumplió y pagó por el proyecto con ocho  pagarés, legalmente registrados por los diferentes ministros de Educación. Y   en noviembre de 2006, el entonces ministro Raúl Vallejo, en la presidencia de Alfredo Palacio, dispuso  la liquidación técnica y económica del convenio, “por cuanto los bienes y construcciones han sido recibidos a entera satisfacción del Estado”.

El acta   de finiquito se firmó  el 17 de abril de 2007, entre el ex director nacional de la Dinse, Édison Vallejo, y el representante   de la compañía colombiana, José Antonio Bonnet.

Para Sandra Correa,  que el Estado haya terminado de pagar el  contrato 10 años después, significa que el   peculado nunca existió y que la sentencia condenatoria dictada en su contra (tres años de reclusión menor y pago de indemnización al Estado), en enero de 2007, obedeció  al prejuicio con el que la prensa ecuatoriana trató el tema.

Es que entre las pruebas recabadas por la Fiscalía estaba un reportaje del  programa La Televisión, en donde se denunciaba un presunto sobreprecio en  los textos escolares, cuyo valor unitario se había estipulado  en $5,50, pero según la investigación periodística,     habían sido impresos   por  Unicef a  mitad de   precio.

La ex ministra considera que hubo mala fe por parte de los directivos del  programa, porque  el valor establecido en  el contrato correspondía  a la calidad del texto  solicitado; además, reitera que   las enmiendas hechas posteriormente no hicieron observaciones al contrato original.

Después de cumplir su condena, la ex funcionaria afirma haber sido víctima de acoso moral por parte de ciertos medios de comunicación que “utilizaron su condición de funcionaria pública para afectar su  honra y buen nombre”, obligándola a permanecer en la clandestinidad por casi 10 años.

Por ello, ha iniciado un juicio penal, por el delito de odio, en contra del programa La Televisión. La causa fue presentada el 18 de febrero de este año  en la Fiscalía de Pichincha y   se encuentra en indagación previa. Correa  espera   que la justicia reconozca que sus derechos humanos fueron violentados por la prensa.

En el reportaje publicado ayer por este diario, Correa contó que la caída de Bucaram fue gestada desde antes de su posesión por la “partidocracia” y luego, ya en el Gobierno, por la vicepresidenta Rosalía Arteaga, quien lo niega rotundamente.

Mañana este diario publicará las reacciones de los actores políticos de esa época sobre estas denuncias.