Esilda Bone, residente de la comunidad  San Francisco, comentó que prefiere aprovechar las primeras horas de la mañana para lavar la ropa a orillas del río Bogotá.

Su vecina Rosario Caicedo y su hija Mabel también realizan la actividad a esa hora, cuando el agua no está turbia por la descarga de contaminantes como producto de la actividad minera ilegal en San Lorenzo del Pailón, al norte de Esmeraldas.

Debido a la lluvia y a la propia corriente, dichos residuos son arrastrados y en pocas horas tornan el agua cristalina en una densa mancha gris o blanca.

A Marcial Quiñónez, designado hace tres meses presidente de San Francisco, le preocupa que esos residuos que contendrían mercurio ocasionen enfermedades de la piel, e incluso algún tipo de cáncer.

Pero el daño ambiental más evidente se observa en San José de Cachaví, Los Ajos y Ventanas, zonas a unos 40 kilómetros de San Francisco. En el recorrido por caminos de difícil acceso se observan excavaciones, remoción de capas del suelo e instalaciones abandonadas con piscinas de agua color turquesa.

Un estudio de 2011 estimó en 140 mil hectáreas los daños ambientales en San Lorenzo y Eloy AlfaroDesde el aire es más evidente este daño al ecosistema y vegetación junto al río Cachaví, donde las retroexcavadoras siguen trabajando y se camuflan las piscinas con pequeños  bosques, manifestó durante un sobrevuelo Francisco Cruz, gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de la Empresa Nacional Minera (Enami).

Un estudio de 2011 del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS), del Ministerio del Ambiente (MAE), estimó que 140 mil hectáreas de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo sufrieron el impacto ambiental por la minería ilegal.

Cruz dijo que en ese informe se detalla la presencia de escombros abandonados, remoción del suelo y agua represada con mercurio que se usa de forma antitécnica en la recuperación del oro aluvial.

Según el funcionario, la minería irregular ha generado pérdidas estimadas en unos 600 millones de dólares por daños a los recursos naturales, no tributación al Servicio de Rentas Internas (SRI), no pago de beneficios laborales ni distribución de las regalías en la zona.

Reclamos

Las comunidades negras de la zona norte de Esmeraldas protestan por los perjuicios ambientales y contaminación de los ríos, que atribuyen también a la explotación de madera de bosques primarios y al cultivo intensivo de palma africana.

Esto fue reafirmado por los estudios de calidad del agua de los ríos Ónzole, Santiago, Cayapas, Bogotá y otros, realizados por la Universidad Católica, sede Esmeraldas, y la Universidad Central del Ecuador, el año anterior.  

Daniel Valencia, representante de la Junta de Protección Ambiental de la Zona Norte, organismo que se creó el 25 de enero pasado, reclamó por aquellas fechas mayor presencia estatal en el control de los bosques, minería ilegal y palmicultoras.

Por ello se concedió un plazo de tres meses para tener respuesta de las autoridades gubernamentales y acordaron una nueva reunión que estaba prevista realizarse la tarde de ayer en Borbón, con el fin de evaluar los logros obtenidos de los siete puntos del pliego de peticiones enviado a las autoridades, dijo  Xavier Peña, comunero de Selva Alegre.

Sobre este tipo de situaciones, Cruz indicó que debido a las implicaciones asociadas a la minería ilegal y daños al medio ambiente, el Estado dispuso suspender la entrega de  licencias a nuevas asociaciones en el norte de Esmeraldas.

Los mineros que operaban en esa zona provenían de Imbabura, Azuay y Colombia con capitales para explotación de oro aluvial a gran escala. Esa información la corroboró el presidente de la comuna San Francisco del Bogotá. "Por esta zona se observaba el paso de maquinaria, combustible y camiones con personal para trabajar en las mineras, sin dejar ni un solo dólar para el desarrollo del poblado", señaló el dirigente.