Una transformación integral de la administración de justicia no es un tema que puede resolverse de la noche a la mañana. Así lo afirma el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, (Senplades), René Ramírez.

Él asegura que el Gobierno decidió arriesgar su “capital político”, con el único fin de construir una sociedad justa y alejada de los conflictos de intereses que generan los poderes fácticos.

¿Qué papel tuvo la Senplades en la estructuración del contenido de cada una de las preguntas de la consulta?

En el debate público se analizan temas de carácter normativo-legal, pero no se ve cuál es el trasfondo político y global de las 10 preguntas. Por eso, nos estamos dando cuenta de por qué existe tanta oposición a la consulta. Y es eso lo que nos interesa visualizarlo.

Hay que ver la vinculación de la consulta con la Constitución y el Plan Nacional para el Buen Vivir.

Entonces, ¿cuál es el trasfondo?

El trasfondo está en la construcción de una sociedad para todos y en la salida de la sociedad del privilegio como  la solemos llamar dentro del Plan para el Buen Vivir.

La acumulación de la riqueza y la concentración en pocas  manos se ha dado por el ciclo vicioso de la injusticia y que está amparado en cuatro ejes.

¿Cuáles?

La banca, la relación viciosa con las empresas, la prensa y, el Estado.

Lo que se quiere con la consulta es romper el ciclo vicioso de la injusticia, es buscar la separación del Estado de los poderes de facto, es romper con ese Estado oligárquico y mafioso.

¿Cuál es la situación de la justicia en estos momentos?

Claramente podemos señalar sin temor a equivocarnos que no ha sido independiente ni autónoma.

¿La supuesta autonomía a dónde ha conducido a la justicia?

Esa no autonomía ha llevado a que se dé la acumulación de la riqueza en pocas manos. Esto ha provocado que se generen delitos como el enriquecimiento ilícito que muchas veces queda en la impunidad.

Además, vemos que las personas que no tienen acceso a la justicia son los excluidos, los que no tienen voz.

En ese sentido, si analizamos las 10 preguntas en su conjunto podemos observar que existe una vinculación muy fuerte con el espíritu de la Constitución. Por eso, no entiendo que muchos sectores que se hacen llamar de izquierda dicen que la consulta está en contra de la Carta Magna.

Las trabas en la administración de justicia han motivado que no solo existan causas represadas, sino que se deje en libertad a personas procesadas por el uso de argucias legales. ¿Hasta qué punto cree usted que este tema puede resolverse con enmiendas?

Vale la pena señalar que la ruta que ha elegido en este caso el Presidente de la República, si bien es la ruta más democrática, también es el camino con mayor complejidad política. El Mandatario está  poniendo por delante su capital político en un tema que no se lo puede resolver de la noche a la mañana.

¿Se juega el todo por el todo?

Se juega el todo por el todo porque la transformación estructural del país pasa por un cambio total del sistema de justicia que hasta el momento ha desencadenado una sociedad injusta.

En este marco lo que busca el Presidente es hacer una convocatoria al país para construir grandes objetivos nacionales.

Además esos objetivos deben ir mucho más allá de la política de este Gobierno, deben convertirse en políticas de Estado.

¿Las enmiendas constitucionales son la clave para alcanzar ese todo?

Sin las enmiendas constitucionales no se podrá viabilizar esa transformación.

Las enmiendas son una parte de un proceso planificado que no es solo del Ejecutivo, sino que tienen el carácter nacional. El peor de los escenarios es dejar intacto el sistema de justicia.

Hubiera sido fácil para este Gobierno dejar de lado el tema como lo hizo la Asamblea Nacional Constituyente.

Todos sabemos que es injusta la administración de justicia y sin embargo algunos se hacen de la vista gorda.

¿La Constituyente se equivocó?

Creo que fue la Asamblea Nacional Constituyente que a pesar que tuvo todos los poderes y todas las herramientas para transformar el sistema de justicia, no lo hizo.

La pregunta 4 del referendo habla de la creación de una Comisión de Transición, ¿cree que es vital adoptar este paso, cuando el Ecuador ya tuvo en el 2005 experiencia en nombrar a una comisión para reestructurar la administración de justicia?

Los procedimientos son completamente diferentes, pero aquí una vez más hasta el mecanismo está institucionalizado en la propia Constitución.

Este proceso busca estar más cerca de la construcción de una democracia participativa, no es la famosa “Pichi Corte” o el cambio de la justicia a través de tanquetas. Aquí, hablamos de un proceso netamente democrático y por tanto completamente legítimo.

El sistema de justicia tenía el espíritu de la división de poderes y esa independencia que pregonaba lo único que implicaba es la lucha de poderes. A eso se denomina juego de suma cero, si el uno gana el otro pierde. En este caso lo que nosotros buscamos es que se dé una vez más un proceso de transformación del sistema de justicia como objetivo nacional, en el cual cooperen las diferentes funciones del Estado.

¿Y qué de la independencia de la funciones del Estado?

Lo que se plantea es que cada una de las funciones trabaje de forma conjunta. Ninguna función se mete en la otra. Se quiere es instaurar un sistema colaborativo y cooperativo versus  uno completamente competitivo.

¿Pero quién evalúa y juzga a los jueces?

Los jueces han sido vistos como los dioses intocables y por eso es necesario establecer procedimientos completamente claros con respecto a qué implica si un juez actúa en desapego a la norma y a la Constitución. Es necesario establecer una instancia que se encargue de analizar esta problemática.

Para los medios de comunicación se plantea la creación de un Consejo de Regulación que controle los contenidos, ¿se limitará al ámbito sexual y discriminatorio?

La pregunta lo que se señala son temas sexistas y de violencia, aquí lo que más  interesa rescatar es  el círculo vicioso que existe entre la prensa, la banca, las empresas y el propio Estado. Acordémonos del feriado bancario, en donde los editoriales apoyaban al Estado para que intervenga.