A sus 78 años, Gladys G. recorre las calles de Quito, a pesar de la hipertensión y la infección de vías urinarias que la aquejan, en busca de unas cuantas monedas que le permitan llevarse algo a la boca.

Con la mirada esquiva, recuerda la época en que dormía sobre las aceras, apenas cobijada con cartones y periódicos. Ella huyó de su familia cuando supo que iban a internarla en un asilo.  

Su historia es común en la Fundación Abuelitos de la Calle, ubicada en el norte de la capital, y que desde hace 9 años apoya a más de 400 adultos mayores que viven en condición de mendicidad. De ellos, el 80% son mujeres y la mayoría es analfabeta, asegura la directora Marcela Barrantes.

Con su experiencia, la representante afirma que existe una estrecha relación entre pobreza y no afiliación a la  Seguridad Social, pues ninguna de las personas que  reside en la fundación tiene pensión jubilar.

En el caso de Gladys, se alimenta de lunes a viernes en la fundación, pero los fines de semana sobrevive a base de pan con gaseosa, que es lo único que puede comprar con las limosnas que consigue.

Fuera de ello, la institución la ayuda con 10 dólares mensuales para el arriendo de un pequeño cuarto, a fin de que no vuelva a la calle. La atención médica, en cambio, es costeada por el Estado a través de la red de hospitales públicos, en donde también recibe los medicamentos.

Constitución garantiza la afiliación universal

En el Ecuador, apenas 188.736 adultos mayores reciben una pensión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), del 1,2 millones de personas que superan los 60 años.

A ello obedecería que 4’146.640 de ecuatorianos hayan respaldado la pregunta 10 de la consulta popular, realizada el 7 de mayo, mediante la cual se penaliza la no afiliación a la Seguridad Social.

Joaquín Viteri, experto en Derecho Laboral y ex director del IESS, considera que esos resultados muestran  la importancia que tiene para un trabajador acceder a la protección social.

El también docente recuerda que antes de 1990 solo se permitía la afiliación de trabajadores en relación de dependencia, por lo que significó un gran avance dar cabida a la afiliación voluntaria.

Actualmente, el IESS acoge a más de 1,8 millones de afiliados, de los cuales cerca de 300 son voluntarios, principalmente trabajadores independientes.

El derecho a la Seguridad Social fue eludido por mucho tiempo, incluso por el mismo empleado, que prefería la no afiliación a cambio de que no se le descontara el porcentaje correspondiente a las aportaciones.

Por ese motivo, Viteri considera necesario concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de la Seguridad Social.   “Cuando una persona ejerce una actividad independiente y llega a una edad en la que no puede seguir trabajando, si no recibe una pensión quedará desprotegido”.

El punto de partida para la universalización de este derecho fue la Constitución de Montecristi, que estableció la obligatoriedad de conceder a las personas de la tercera edad una pensión asistencial que les permita satisfacer sus necesidades más elementales, aunque no hayan estado afiliados al sistema.

No obstante, el experto asegura que la Ley de Seguridad Social vigente no define los parámetros para actuar en aquellos casos, pero, destaca, a través de la consulta la ciudadanía se hay pronunciado a favor de que se elabore una ley, una medida en función de evitar la desprotección de las personas mayores de 60 años.

Al respecto, la ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Jeannette Sánchez, anunció  tiempo atrás que se prepara una reforma a la ley actual, pues se estima que uno de cada tres ecuatorianos está afiliado.

La propuesta consistiría en que el Estado financie una parte de las aportaciones al IESS, con la finalidad de  incorporar a todos los ecuatorianos al sistema de acuerdo con su capacidad de pago, es decir, subsidiar a quienes   perciben ingresos mensuales inferiores al salario básico unificado, que actualmente es de 264 dólares.

“Es fundamental que todos contribuyan aunque sea con un dólar, porque eso permitirá la sostenibilidad del programa”, insistió la funcionaria.

Revisar el monto de las pensiones es oportuno

Para el  analista Teodoro Bustamante, la relación entre pobreza y desprotección es clara, principalmente para los adultos mayores. Pero considera oportuno revisar los montos de las pensiones jubilares y de montepío que reciben actualmente.

“La inactividad influye en la salud y si la persona no tiene un respaldo económico vive un ambiente de angustia. Eso genera un problema entre las personas mayores, porque siguen siendo productivas”, comentó.

A ello se suma la dificultad que enfrentan para conseguir otro empleo a fin de obtener los ingresos necesarios para atender sus necesidades.

Cabe señalar que por parte del Estado se concede una  pensión asistencial de 35 dólares mensuales, que hasta el momento beneficia a 480.000 adultos mayores.

El propósito es incorporar a las personas mayores de 65 años que se encuentren bajo la línea de pobreza, de acuerdo con los parámetros del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, a  fin de cumplir con la afiliación universal que dispone la Constitución.