Hace varias semanas surgió el escándalo en torno a la falsificación de las firmas para inscribir a los movimientos y partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La entidad electoral creó mecanismos para receptar las denuncias ciudadanas que querían desafiliarse de las organizaciones políticas y se ha hecho una verificación del 10% del total de las firmas que cada movimiento entregó para inscribirse.

Asimismo, la desconfianza que había alrededor de los partidos y movimientos políticos aumentó entre los ecuatorianos.

Tres expertos en diferentes ámbitos dan sus puntos de vista sobre cómo recuperar la confianza de la gente en la política y evitar otro fraude con las rúbricas.

OPINIONES

Enrique Tamariz, Decano de la Facultad de Leyes - Ecotec

Según Enrique Tamariz, el tema de la desconfianza de la ciudadanía hacia los políticos no es nuevo. El decano y también jurista opina que esa sensación entre las personas aumenta  por la permanente campaña de desprestigio que existe en Ecuador para el sistema de partidos, por parte de ellos mismos e incluso  del mismo Gobierno Nacional.

Desde el punto de vista jurídico, Tamariz cree firmemente que un sistema o régimen de partidos sólido siempre es necesario para que exista una buena gobernabilidad.

Para él, la gobernabilidad es el conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, lo cual lo capacita para desarrollar acciones y poner en marcha sus políticas y en la que también hay factores de riesgo como los partidos de oposición, el ejército o las fuerzas del mercado.

Considera complicado ahora el desarrollo de la gobernabilidad por las firmas falsas que incluyen a todas las listas políticas y que, según argumenta, es una labor conjunta que deben enfrentar todos los organismos con el CNE.

Recalca que el problema incluye a todos los actores políticos, ya que ninguno escapa a la existencia de las irregularidades, como ya es de conocimiento público. El jurista opina que esa sensación entre las personas aumenta por la permanente campaña de desprestigio para el sistema de partidos, por parte de ellos mismos e incluso del mismo Gobierno.

René Maugé, coordinador Instituto de Investigación y Análisis CNE

René Maugé, actual coordinador del Instituto de Investigación y Análisis del Consejo Nacional Electoral (CNE), tiene una opinión similar a la de Tamariz acerca de la desconfianza de la población en la política ecuatoriana. Solo que él considera que habría que enfocarse más en las fallas que pudo haber sufrido el actual sistema informático utilizado por la entidad electoral.

En el 2010 el Estado habría invertido en la adquisición del software de verificación de firmas cerca de 37 mil dólares. Han pasado dos años y con el actual problema de las denuncias por firmas falsas, el CNE anunció que desechará el actual sistema y buscaría apoyo de varias universidades para adaptar uno nuevo que sería utilizado en la revisión de casi cinco millones de rúbricas.

Maugé no quiere pronunciarse sobre si fue una falla del sistema informático, ya que todavía están en el procesamiento del mismo. Señala que la manera más segura y efectiva de que no vuelva a ocurrir un caso así es usando nuevamente el sistema de la huella digital.

El funcionario y ex miembro del desaparecido Tribunal Supremo Electoral explica que la huella digital vendría a ser como un doble seguro, ya que no sólo bastaría con presentar las firmas de las fichas de afiliación y la copia de la cédula de ciudadanía, sino que podría compararse con las bases de datos del Registro Civil.

Iván Castro Patiño, doctor en Derecho Constitucional

El jurista Iván Castro explica que el caso de las denuncias por la falsificación de las firmas, debe ser tratado de forma individual ya que - según él - cada caso es particular.

Son aproximadamente 200 personas que han sido llamadas a declarar ante la Fiscalía General del Estado por el caso de la falsificación de las firmas, entre ellas, dirigentes de organizaciones políticas, asambleístas, vocales del CNE y personas naturales. Tampoco se descarta que se convoque al presidente Correa si fuera necesario.

Castro menciona que la entidad deberá sortear cada caso y poner a tantos fiscales como sea necesario para que despachen los procesos.

Aunque también opina que esta entidad ya está acostumbrada a recibir grandes cantidades de casos a diario por tramitar, así que 200 personas convocadas a declarar no serán la excepción. Castro indica que ahora están en el proceso de indagación previa que tiene carácter reservado, por lo que aún no se sabe los nombres de los declarantes. 

Aun así, explica que el tiempo que pueden tardar en receptar las declaraciones es de 60 días máximo. Si los encargados encuentran que hay méritos, se procede a la etapa del dictamen fiscal acusatorio. Castro detalla que en este período el Fiscal, representante de la sociedad, acusa a la o las personas que aparezcan como responsables del hecho investigado.