La demanda  por peculado interpuesta por  la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la Contraloría General del Estado contra ex directivos de Telecsa y Technomobile está próxima a reabrirse.

Con el argumento de que existió “una violación continua e ininterrumpida a los derechos  tutelados en la Constitución” que amerita la inmediata acción reparatoria, el actual gerente general de la CNT, César Regalado,  interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para  que el juicio regrese a su estado inicial.

En septiembre de 2006 Telecsa y Technomobile -compañía entonces con 8 meses de vigencia y $ 2.000 de capital- hicieron negocios por 14 millones de dólares en la adquisición de cien mil bases de teléfonos celulares. La irregularidad de la compra fue descubierta y denunciada oportunamente con el respaldo de decenas de documentos  que involucran a ex directivos de Telecsa, Pacifictel, Viadvisor y la empresa que los suministró.

Los actos ilícitos, según la investigación de Contraloría, van desde los informes para la  aprobación de la compra, estudios de necesidades de equipos, hasta la triangulación en la adquisición. Cada teléfono fue pagado a  un valor de $ 140, pero la  investigación determinó que el costo  no debió ser superior a los $ 50.

Pese a las pruebas de  Contraloría,  tres fiscales se abstuvieron de acusar a los ocho involucrados  en el caso, aduciendo que lo realizado “fue un negocio como cualquier otro”  y que los equipos están físicamente en las bodegas de Almagro.

En efecto, los equipos telefónicos permanecen en  bodegas de alquiler, pero no a nombre de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones sino de Ecuaoperadores. La CNT trató hace dos semana de ingresar a constatar la presencia de los equipos, pero no lo pudo hacer porque  no hay un acta de entrega-recepción, aunque los 14 millones de dólares fueron pagados, incluso,  antes de que los equipos lleguen al país.

En este caso, el juez Quinto de Garantías Penales de Pichincha sobreseyó a todos los procesados.  La petición a la Corte Constitucional  es solicitar que mediante sentencia se deje sin efecto jurídico las decisiones judiciales materia de impugnación, por haberse justificado la grave vulneración de los derechos constitucionales y “retrotraer” el proceso al estado en que se produjeron las violaciones de carácter constitucional, así como la reparación integral conforme a la ley en materia.