Paradójicamente la misma semana que la oposición y ciertos asambleístas “independientes” intentaban bloquear la aplicación del mandato popular, visitaba y daba cátedra en Ecuador el reconocido filósofo argentino Enrique Dussel.

En clases y conferencia magistral desarrolló el significado histórico y filosófico del poder en América Latina en esta época de cambios y transformaciones. 

El jueves pasado, Dussel hizo una pregunta trascendente: ¿Dónde radica la sede del poder? Y a la vez demandó una reflexión colectiva sobre el sentido de la institucionalidad política cuando ocurren y se demandan cambios sociales, económicos y culturales en una sociedad concreta. A esa pregunta, Dussel respondió con algo que la oposición debería contar a la hora de fijar su accionar político: “La sede del poder está en la comunidad política”. Y como tal refiere a varios sujetos, pero no solo a los legisladores, ministros o autoridades en general. En realidad, la comunidad política es toda la sociedad, con sus instituciones, pero sobre todo la ciudadanía que ahora se expresa y participa de diversas formas, mucho más allá de colocar un voto en la urna.

En la línea de pensamiento de Dussel deberíamos preguntar: ¿Por qué para la oposición es más importante la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que la aplicación del mandato popular? ¿Quizá porque se arroga el derecho de ser ella, la oposición, la sede del poder? No: simple y llanamente porque su actuación es antidemocrática. No cree en la democracia y en la delegación de los mandantes que lo obliga a cumplir, en un  plazo inmediato, lo aprobado por la mayoría de ciudadanos el 7 de mayo.

Las miles de personas (víctimas y familiares) que esperan una justicia eficiente, rápida y no corrupta, ¿están a expensas de que la oposición satisfaga sus afanes desestabilizadores y se comida en tomar las decisiones pensando en los “poseedores” de la sede del poder?

Alrededor de un millón de casos demandan atención urgente de jueces y administradores de justicia. ¿Entiende eso la oposición o prefiere llenar de asesores las nuevas comisiones que propone en las reformas a la Ley de la Asamblea?

De igual manera, entre los asambleístas del Movimiento PAIS hace falta una acción política frontal, orgánica, disciplinada y hasta eficiente para afrontar el mandato popular. Si hay “oficialistas” que piensan más en sus “proyectos” particulares, como lo ha confesado Washington Cruz, deben someterse a la fiscalización de quienes los eligieron. ¿Llegaron a la Asamblea bajo el manto de un proyecto político orgánico y disciplinado o por intereses personales, corporativos y hasta privados?

Si hay un déficit político latente es la demostración de una conducta ética de la oposición para afrontar sus responsabilidades democráticas. No puede ser que “denuncien” compra de conciencias y cuando ocurre la votación la sospecha de las “compras” recae en esa oposición de izquierda, populista y de derecha. Como si nada, unos se abstienen, otros votan en contra y algunos más se ausentan.

¿Y cómo entendemos a los llamados independientes? ¿Su independencia es política, partidista, ideológica o una simple actuación coyuntural en función de las expectativas de las elecciones legislativas para renovar autoridades y comisiones?

No puede haber independencia y menos indiferencia sobre el mandato del 7 de mayo. Si en la oposición hay una definición clara y hasta legítima contra el Gobierno, los llamados independientes deben hacer pública y frontal su real posición, sin más pretextos.

La democracia pone la “vara muy alto” a todos los actores políticos, pero parece que oposición e independientes la ponen solo a la altura de sus intereses, dejando de lado a los mandantes y a la concepción contemporánea del poder.

Por suerte, con la nueva Constitución surgieron instituciones y mecanismos para quienes incumplen mandatos y obligaciones legales: la revocatoria del mandato y hasta la llamada “muerte cruzada”. Con ellas, deben saber todos los actores políticos, será la ciudadanía la que los castigue o premie.

Por ahora, la urgencia y la mirada de todo el país está de lado de los integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura de Transición. Tienen 18 meses para configurar un nuevo escenario y condiciones para una justicia eficiente, transparente y ágil. A ellos se suma el nuevo fiscal general, Galo Chiriboga, que deberá coordinar la modernización de la justicia para resolver sus problemas atávicos y crónicos.

De hecho, desde esta semana se abre un período político donde se revelarán todas las argucias de aquellos que, enquistados directa o indirectamente en la administración de justicia, han sostenido un sistema corrupto. Si se los ve peleando por impedir la aplicación del mandato popular se entenderá por qué los grupos de presión económica llevaron todas sus disputas a las cortes y de las cuales siempre salían absueltos, a pesar de las pruebas.

Volviendo a Dussel, corresponde colocar la ética por encima de todas las “movidas” políticas. Y con ella, desde cualquier doctrina, será posible el diálogo político más sano para sacar al Ecuador de la pobreza y trascender la era neoliberal.