Juicios amontonados en el piso y en escritorios, computadoras obsoletas y el personal laborando en estrechas oficinas, fue el escenario común en los juzgados de Quito.

Así lo constató el presidente del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Paulo Rodríguez, durante el recorrido que realizó por varias dependencias judiciales que ayer trabajaron a puerta cerrada para inventariar las causas represadas y obtener una estadística real sobre el estado de la justicia en el Ecuador.

En el Palacio de Justicia, en el centro de la ciudad, la situación era crítica. En el archivo, por ejemplo, aún son atados los juicios con piola plástica. “Estos son los instrumentos técnicos, modernos e informáticos de los funcionarios judiciales de Pichincha”, dijo un  encargado.

Para Rodríguez se tratan de condiciones “casi infrahumanas” que deben ser atendidas de inmediato y cuestionó a  quienes se oponen a la declaratoria del estado de excepción en la  justicia, pues recordó que es un mandato  popular.

Entre los funcionarios, la visita de Rodríguez causó sorpresa. Édgar Haro, secretario del Juzgado Décimo, comentó que era la primera vez que una autoridad llegaba a su oficina.

Junto con sus compañeros revisaba las causas pendientes para identificar su estado, pero considera que el inventario no será sencillo. “Aquí tengo un juicio de divorcio que, en 2006, estaba para sentencia pero las partes no se presentaron. No puedo archivarlo porque en cualquier momento se reactiva, pero se convierte en una  causa represada”.

En los  juzgados de la Niñez, en el norte de la capital, las preocupaciones eran otras. El sistema informático SAJTE,  que permite ingresar el estado de cada juicio, colapsa constantemente y los funcionarios no tienen  correos electrónicos institucionales que les permitan operar “cero papeles”.

Además, pidieron implementar salas de audiencias, pues solo en el Juzgado Octavo Adjunto de la Niñez y Adolescencia se realizan seis por día. Ahí reposan 2.680 causas, de las cuales 900 están resueltas, pero no se pueden archivar porque son casos que concluyen cuando el beneficiario cumple la mayoría de edad.

A eso se suma, explicó la jueza Gina Solís, que dentro de un mismo proceso pueden haber hasta cuatro juicios: patria potestad, régimen de visitas, pensión alimenticia y tenencia, los que no prescriben.

En los tribunales de Garantías Penales el principal pedido fue modernizar el sistema. El presidente del Tribunal Séptimo, Eduardo Villagómez, comentó que las audiencias aún se graban en casete, una tecnología de hace 50 años. “Es evidente que la justicia está en crisis”.