La ministra de Justicia, Johana Pesántez, entregó al Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), el informe de la evaluación realizada por la Universidad chilena de Talca (Chile) al sistema penal ecuatoriano.

Ocho carpetas compuestas por más de 7 mil páginas y un CD recibió el presidente del CJT, Paulo Rodríguez, quien aclaró que no se trata de una" evaluación de los jueces, las juezas y funcionarios".

"Esto es un proceso efectivamente para conocer cómo se ha desarrollado en el ámbito de la administración de la justicia penal en los últimos tiempos, las judicaturas a lo largo y ancho del país", manifestó Rodríguez.

Como fortaleza, los expertos encontraron que Ecuador tiene un sistema penal acorde al nuevo sistema acusatorio, que es el principal procedimiento para presentar pruebas en una corte.

Insta a que las partes entreguen la información y expongan e interroguen a los testigos antes de ir al tribunal y/o con un juez.

La ministra Pesántez explicó que básicamente el documento contempla la metodología utilizada, datos cuantitativos, conclusiones y recomendaciones, entre otras.

"Los expertos determinaron que debe existir mayor utilización de salidas alternativas, pues hay procedimientos que no son utilizados por fiscales y jueces y estos procedimientos acortan el tiempo de los procesos",  afirmó la ministra.

Además, recomienda que debe existir mayor coordinación entre la administración de justicia, Ministerio Público y Policía Judicial.

El estudio se realizó por nueve meses. Los expertos chilenos revisaron un total de 18 mil expedientes de causas terminadas a nivel nacional, entre enero de 2005 y 31 de diciembre de 2009.

Se realizaron entrevistas a funcionarios judiciales de la Fiscalía, defensores públicos y privados y de la Policía Judicial; además se observaron audiencias de las provincias de Pichincha, Azuay, Guayas, Esmeraldas, Santo Somingo, Cotopaxi, Sucumbíos y Manabí.

Este estudio servirá para el trabajo que realiza el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) con el propósito de reformar la justicia, como lo determinó la consulta popular del pasado 7 de mayo.