El Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) estructura el plan de trabajo para los próximos 18 meses, tiempo en  el que por mandato popular deberá reorganizar el sistema de justicia ecuatoriano.

Tras una intensa semana de labores en la que mantuvo reuniones de trabajo con todos los sectores vinculados con la justicia, de quienes recabó criterios, sugerencias y observaciones sobre la administración judicial, los cambios y el rol de cada uno, ayer el pleno de la CJT y su equipo de colaboradores avanzaron en la estructuración del plan que será presentado este martes en un acto público en Quito.

Los tres integrantes de la Judicatura, Paulo Rodríguez (presidente), Tania Arias y Fernando Yávar, durante los últimos ocho días se reunieron con la Ministra de Justicia, los servidores de la institución, los trabajadores judiciales, presidentes y jueces de las cortes provinciales, Defensor Público, Fiscal General de la Nación, Corte Nacional de Justicia, organismos internacionales vinculados con la justicia, organizaciones sociales, sector académico, entre otros. 

De cada uno de estos sectores se recabó información y propuestas que están siendo tomadas en cuenta para el plan de labores en el que ayer se trabajó a puerta cerrada. Paulo Rodríguez, presidente del organismo, destacó “todo el compromiso de apoyo que hemos recibido al entender que este no es el trabajo de una persona o de tres personas, de un equipo o de una institución, sino de todo el país”.   

El funcionario agregó que la dirección del CJT exige promover un acceso a la justicia oportuno, eficiente y transparente a la ciudadanía. 

De su lado Tania Arias sostuvo que las reuniones -en las que participaron más de 500 personas- sirvieron también para difundir los principios de la institución y lograr los insumos necesarios para concretarlo.

“El Consejo va a trabajar sábado, domingo y hasta el lunes sistematizando las propuestas, incorporando aquellas que son novedosas y vamos a ir sobre la marcha tomando acciones inmediatas”, manifestó.

En el encuentro con el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, éste demandó que se mejore la infraestructura de todas las oficinas judiciales, que se fortalezca la capacidad tecnológica y que se modernicen las salas de audiencias, pues afirmó que actualmente éstas se realizan en “pésimas condiciones”.

A su vez, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Carlos Ramírez, dijo que la Corte no se opondrá al proceso de reestructuración judicial. “Bienvenidos todos los esfuerzos de todos los poderes y funciones del Estado para el mejoramiento de la administración de justicia”, enfatizó.

Los encuentros con servidores judiciales también permitieron concretar el hecho de que a partir del  15 de agosto se laborará en jornada única, de 08:00 a 17:00, y la posibilidad de ampliar la medida a los tribunales y juzgados  a partir de septiembre.

Con esto se pretende cambiar “la cara” de la institución, racionalizar el tiempo y el ámbito de los recursos humanos, replicando el ejemplo de servicio de justicia en Cuenca para el resto del país, dijo Arias.

La ministra de Justicia, Johana Pesántez, entregó al CJT estudios que le permitan estructurar de mejor manera su proyecto de reforma de la justicia del país y dijo que mantendrán reuniones periódicas.  

Rodríguez explicó que los diagnósticos recopilados hasta el momento evidencian carencias en el sector judicial en el ámbito de la infraestructura civil, de la tecnología, del talento humano y del modelo de gestión. Incluso precisó que han detectado deficiencias en los procesos de cooperación interinstitucional.