Con una inversión de 447.840 dólares, hasta el 29 de febrero la Fiscalía General del Estado resolverá el 80 por ciento de las 141.708 causas represadas en todo el país  desde  2001 a 2009.

Del monto requerido, 185 mil dólares serán destinados para contratar auxiliares jurídicos, 235 mil dólares será usados en la adquisición  de computadoras, alrededor de 5 mil dólares para mobiliario pequeño. El alquiler de impresoras y equipos informáticos requerirá  22.400 dólares.

Según informó el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, se ha estructurado un plan de trabajo que comienza en octubre, con la contratación de los auxiliares que serán los mejores estudiantes de las facultades de Jurisprudencia del país, así como con la adquisición de los equipos e infraestructura necesarios.

De noviembre a febrero se despacharán las causas, para lo cual hay dos vías jurídicas: la primera  consiste en revisar, agilitar los trámites pendientes y trasladar los casos a los jueces o acusar; y la segunda radica en revisar y desestimarlas.

Resolver estas causas es un esfuerzo de los fiscales, pero requiere la cooperación decidida de los jueces y de la ciudadanía, dijo, al tiempo de admitir que se puede presentar el problema de que el represamiento pase de las fiscalías a las cortes y juzgados.

Esto en consideración de que el número de fiscales es mucho mayor al de jueces. “Es evidente que el número de fiscales es casi cuatro veces superior al número de jueces, por lo tanto, tendremos que hacer un esfuerzo y pedirle al Consejo de la Judicatura de Transición que cree nuevos jueces penales que permita compensar de alguna manera esa disparidad que ahora tenemos”, sostuvo el funcionario.

Chiriboga dijo estar consciente de que, si no se soluciona este problema, y si no se crean más juzgados, no se resolverá nada porque la congestión de casos pasará a los jueces.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Carlos Ramírez, admitió esta posibilidad, por lo que le compete actuar a la Judicatura.

Además, dijo que el proceso judicial debe ser observado con una visión de conjunto para establecer el papel y responsabilidades de cada uno de los operadores de justicia, en cada una de las etapas procesales. “Al final los resultados son  corresponsabilidad de todos”, afirmó.

Ramírez comprometió todo el respaldo y esfuerzos al objetivo de la Fiscalía General de evacuar las causas represadas, ya que ello ayuda a una buena administración de la justicia ecuatoriana.

A su criterio, para el despacho de causas represadas, habría que nombrar jueces temporales, para que, previo sorteo y de manera exclusiva, se dediquen al despacho de esas causas, puesto que los jueces de garantías penales no tienen el tiempo suficiente para hacer el despacho oportuno para ello, por las otras tareas que deben cumplir, expresó.

Respecto a los casos con fuero de corte que se investigan en la Fiscalía, Chiriboga indicó que se encuentran 20 causas, las que también deberán ser resueltas hasta fines de febrero.

Asimismo, reveló que impulsará 700 causas que han sido  presentadas por la Contraloría General del Estado.

“Vamos a darle  alta prioridad a estas causas”, aseveró. Además,  solicitó el apoyo de la Secretaría Nacional de Transparencia, a fin de agilizar las acciones debidas.