La Fiscalía envía equipo a México por caso Nohemí
Ayer por la mañana viajaron hasta México funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) que llevan adelante la investigación por la muerte en ese país de la menor Nohemí A., oriunda de la provincia de Cañar.
El anuncio lo hizo Galo Chiriboga, fiscal general, durante una diligencia que cumplió la entidad en la ciudad de Coca, provincia de Orellana.
La autoridad agradeció el gesto de la Fiscalía de la nación centroamericana, que envió un avión para el traslado de los funcionarios ecuatorianos.
Entre los desplazados están la fiscal que lleva el caso, Susana Siguencia, y los policías que investigan el proceso.
“No es la primera experiencia de colaboración que tenemos entre ambas. En el caso de Tamaulipas, también se investigó. Esperamos que en este caso también tome ese camino”, dijo.
Los funcionarios trabajarán en los siguientes días en la revisión de datos y declaraciones.
Los ecuatorianos llevaron a la Fiscalía de México información para fortalecer la investigación que llevan adelante ambos países.
“Es parte de los esfuerzos que efectúa Ecuador para integrar un esquema jurídico internacional, como la creación de la Corte Penal de Unasur”, expresó.
Nohemí A. tenía 12 años cuando falleció en marzo de este año en ciudad Juárez, al intentar migrar a Estados Unidos. La pequeña tenía como objetivo encontrarse con sus padres, también indocumentados, que viven en el suelo norteamericano.
Sentencias en dos provincias
En Azuay y Cañar, de acuerdo a un informe de la Fiscalía, 41 procesos de tráfico ilegal de migrantes recibieron sentencia condenatoria entre 2012 y 2013.
En estas provincias, se concentra el 64,42 % del total de los casos a nivel nacional.
En marzo, Manuel Iñamagua Chima recibió sentencia condenatoria y cumple 12 años de reclusión por participar en la migración ilegal de María Muñoz Albacora y Manuel Calle Pituizaca, desde la provincia de Cañar hacia Estados Unidos.
Ambos se ahogaron en el río Bravo (Tamaulipas-México), en su intento por llegar a territorio estadounidense, el 5 de noviembre de 2012. Desde que ocurrieron estas muertes, sus padres, Andrés Muñoz y Manuel Calle, respectivamente, colaboraron con la investigación para que el ‘coyotero’ reciba la sentencia.
“Me da tranquilidad que se haya hecho justicia. Como pasó con mi hija, puede pasar con otras personas. Por eso yo acusé en la Fiscalía para que se pueda terminar con el coyoterismo”, manifestó Muñoz.
Durante el tiempo que duró el proceso, según el progenitor de María, el ‘coyotero’ pretendió negociar para que no lo acusaran.
“Me quiso dar 25.000 dólares, pero como padre le dije que ninguna persona tiene precio”. Por el viaje, su hija habría cancelado 7.000 dólares como anticipo.
“En estos casos no se debe negociar”, dijo Calle. Agregó que Iñamagua les ofreció dinero para que ante la Fiscalía niegue que él fue el ‘coyotero’. “Nos dijo que en vano seguimos el juicio porque vamos a perder, pero hoy podemos decir que no fue así”, concluyó.
LOS FAMILIARES SABEN QUIÉNES SON ‘COYOTEROS’
El fiscal de Cañar, Xavier Cárdenas, afirmó que, en muchos casos, las personas no aportan con la información correcta.
Ello, dijo, frena el combate del tráfico ilegal de migrantes a distintos países.
“Los familiares de los perjudicados, casi siempre, saben la identidad de las personas que cometen este delito y dan otros datos”, expresó la autoridad cañarense.
Explicó que el personal de la Fiscalía debe realizar un trabajo de inteligencia para obtener las características físicas de los ‘coyoteros’ y otros datos.
“En algunas ocasiones ocurre esto porque los familiares, supuestamente, llegan a ‘acuerdos’ con los traficantes de migrantes y reciben dinero. En otros casos hay amenazas”, precisó.
El fiscal Cárdenas enfatizó la importancia de que los ciudadanos pierdan el temor de denunciar estos actos ilícitos y que aporten con pruebas para la investigación.
Además, insistió en que no abandonen el proceso.
La Fiscalía cuenta con el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, mediante el cual brinda el acompañamiento a los denunciantes y les garantiza su seguridad.