La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y el legislador Mauro Andino recibieron las inquietudes y aportes a la Ley de Comunicación de representantes de la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (Oclacc), de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador (Corape).

Gissela Dávila, secretaria Ejecutiva de Corape, pidió que se blinde en la ley el tema de la asignación equitativa del espacio radioeléctrico, especialmente el 34% para los medios comunitarios, sobre la base de la auditoría de frecuencias que se ordenó por mandato constitucional y fue apoyada en la consulta popular.

Para ella esta reivindicación  se puede truncar por una cuestión técnica en la Ley de Telecomunicaciones, ya que se podría  argumentar la falta de frecuencias para hacer realidad ese gran objetivo.

Gissela Dávila, de Corape, teme que no se distribuyan las frecuencias porque ya no hay suficientesDestacó la necesidad de no limitar la acción de los medios comunitarios, garantizándoles que puedan tener potencia nacional y publicidad estatal para su pleno funcionamiento y que se clarifique la concesión de frecuencias a favor de múltiples sectores sociales que no están inmersos en las comunidades indígenas.

Andino, ponente del proyecto legal, destacó que las organizaciones de medios comunitarios han sido un soporte para la construcción y avance de la norma.

Aclaró que la profesionalización no afecta a este sector del país y garantizó que la publicidad gubernamental se dará en igualdad y oportunidad para medios privados, públicos y comunitarios. “Nuestra bandera de lucha es el fortalecimiento de los medios públicos y comunitarios, estableciendo para estos últimos medidas complementarias como la adquisición de equipos, capacitación, transferencia de tecnología, créditos”, dijo.

La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, expresó su confianza en que la Ley de Comunicación entre a votación a mediados del mes de junio.