El Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) informó que   en el país se han decomisado alrededor de 8.000 máquinas tragamonedas  que pertenecían a las empresas dedicadas a los juegos de azar y que funcionaban de manera ilegal.

El viceministro Francisco Vaca advirtió que si los casinos, salas de juegos formales y bingos cerrados no indemnizan a sus empleados por el despido intempestivo, el Gobierno organizará una subasta pública internacional y con los fondos adquiridos se liquidará  a los trabajadores.

Vaca indicó que ya se   realizan  los contactos para vender las máquinas a los interesados en otros países, como Perú, Panamá o Puerto Rico.

El funcionario agregó que si el dinero aún no es suficiente se seguirán las acciones legales del caso para hacer respetar los derechos laborales.

Actualmente, 80 empresas en las que laboraban 5.000 trabajadores,  que se dedicaban a los juegos de azar,  están en proceso de disolución en la Superintendencia de Compañías, informaron ayer las autoridades.

Para estas personas, el Ministerio de Relaciones Laborales   impulsa un programa para que   encuentren trabajo. Además de capacitaciones, se ofrecerán préstamos para pequeños emprendimientos.

Por eso, recalcó Vaca, es importante que los empleados se registren en la cartera de Estado. Hace dos meses, en las principales ciudades del país se organizaron talleres para los empleados de los casinos, bingos y salas de juego.

El funcionario reconoció que hubo menos acogida   de la que se esperaba, pero, explicó, esto obedeció a que los empleados aún se encontraban en servicio activo por lo que no podían abandonar su puesto de trabajo.

Grandes casinos

Paralelamente al cierre de las salas de juego ilegales, avanza el proceso con los casinos que funcionan en los hoteles cinco estrellas. Estos locales tienen un plazo de seis meses para finiquitar sus actividades.

Las autoridades han recomendado a los administradores de estos negocios   que aprovechen este tiempo en ahorrar recursos que sirvan para el pago de las liquidaciones.

Si es que esta obligación legal no se cumple, se aplicará el mismo procedimiento de decomiso para asegurar que se cancele las indemnizaciones a los trabajadores de estos locales.