El Gobierno oficializó este jueves la conformación de una comisión especial para esclarecer el caso de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arismendi, desaparecidos en enero de 1988.

En el acto, que se desarrolló esta mañana en el Palacio de Carondelet, el ministro del Interior, José Serrano, firmó un acuerdo ministerial que dispone el inicio de las tareas de investigación del caso.

Pedro Restrepo, padre de los jóvenes, fue testigo de la firma del acuerdo. "Son 23 años, 10 meses y 10 días, hoy, de la desaparición de mis hijos y oficialmente la Policía no ha reconocido que son culpables de este crimen atroz", manifestó.

El equipo de investigación lo conforman: Juan Cristóbal Lloret, asesor del despacho del Ministerio del Interior, Diego Falconí, subsecretario de Garantías Democráticas, Hiroshima Villalba, ex directora de Protección de Derechos, Oswaldo Galarza, asesor del viceministro de Gobernabilidad; y María Eugenia Burbano, asesora del viceministro de Seguridad.

La comisión estará bajo la coordinación de los viceministros Oscar Bonilla y Leonardo Berrezueta.

Serrano indicó que de esta manera se espera dar con los restos de los hermanos Restrepo y determinar las razones de su desaparición en manos de ciertos miembros de la institución policial.

La familia Restrepo pide que se investigue a tres oficiales: el general Wilson Alulema, actual jefe de Estado Mayor de la Policía, el coronel Edmundo Mera, comandante provincial de El Oro; y el coronel Miguel Ángel Chiriboga, director nacional de planificación de la Policía.

Al respecto, el funcionario anunció que mañana se realizará una reunión con el Consejo de Generales de la Policía para conocer detalles de los uniformados que estarían involucrados en las desapariciones.

El ministro ratificó, además, que se ofrecerá recompensas de hasta 200 mil dólares a quien proporcione información relevante para aclarar el caso.

De su lado, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, no descartó que se llame a declarar a los policías involucrados señalados por las víctimas. "Es un caso que por ser un delito de lesa humanidad estará abierto hasta que sepamos exactamente lo que ocurrió", puntualizó.