En las últimas horas del martes se realizó la audiencia de formulación de cargos a las tres personas detenidas por supuestas implicaciones en la falsificación de firmas para la inscripción de partidos.

Entre los detenidos están dos personas vinculadas al Consejo Nacional Electoral (CNE). Ellos son Fabián Caicedo, ingeniero en Sistemas del organismo electoral, que fue detenido en Quito, y Ángel Bowen, contratado como promotor del CNE en 2008. Éste último fue detenido en Guayaquil.

Caicedo trabajó hasta la semana pasada en el departamento de Informática Electoral del CNE. El funcionario habría estado  laborando en la institución desde 2009 y, según el consejero Paúl Salazar, fue quien se encargó del escaneo del padrón electoral.

El sueldo de Fabián Caicedo bordearía los 2.669 dólares  mensuales y según comentaron algunos compañeros suyos, él tendría un amigo en la empresa Datalexsa. Este contacto es el que le habría solicitado una copia de la base de datos del órgano electoral.

El implicado  habría accedido por lo que envió la información por correo electrónico. Fue en una auditoría que realizó el propio CNE que se detectó la fuga de información.

Cuando el escándalo estalló, Caicedo se habría reunido con el  contacto en Datalexsa y éste le habría entregado un cheque por 80.000 dólares, el mismo que se encontró en su propiedad al momento de su detención, la cual se  efectuó en su domicilio en Ponciano (norte de Quito). El cheque aún no había sido cobrado.

Sobre Bowen, Efrén Roca, titular de la delegación del Guayas del CNE, explicó que el detenido fue contratado en 2008 solo por 30 días. “En aquel tiempo se denominaba Tribunal Provincial Electoral y era presidido por Jorge Arosemena.

Ángel Bowen León trabajó en la Delegación del Guayas, desde el 1 de septiembre hasta el 30 septiembre”, explicó el funcionario, basado en una certificación entregada por la Unidad de Talento Humano de la entidad.

Bowen cumplió funciones de coordinador del recinto electoral en el colegio Padre Somascos, ubicado en la parroquia Pascuales, del cantón Guayaquil. Estuvo encargado de supervisar 16 juntas receptoras del voto del género masculino, desde la número 42 hasta la 57, durante el referendo del 28 de septiembre (2008), en el que se aprobó la actual Constitución.

Empresa tiene registros

Según información que consta en el portal del  Servicio de Rentas Internas (SRI), Datalexsa está registrada como una sociedad activa con  Registro Único de Contribuyentes (RUC) número: 0992698942001.

Su actividad es el “Diseño e implementación de aplicaciones, soluciones y programas informáticos”. Inició sus actividades el 1 de octubre de 2010 y tiene registrado un local en la avenida Francisco Rizo, solar 15 (vía principal de Samanes, al norte del puerto principal).

En esa dirección hay una casa de dos pisos, pero nadie responde al timbre. Los vecinos aseguran que la propiedad cambió de dueños apenas hace ocho días.

Pero en el portal de la Superintendencia de Compañías consta como objeto social que la empresa se dedica a la comercialización y exportación de vegetales y frutas.

Y al llamar al número telefónico que se coloca en el sitio web, una mujer dijo “está equivocado” y colgó rápidamente el auricular. El capital suscrito de Datalexsa es de 800 dólares y la gerente general es Carolina Doménica  Herrera Prieto, quien fue nombrada por 5 años y cuyo período culmina en 2015.

Entre las evidencias halladas por la Fiscalía está un contrato entre Datalexsa y Fabricio Correa, dirigente del movimiento Equipo.

En ese documento se indica que la empresa hará la recolección y validación de firmas, a cambio de 85.000 dólares.
Correa, en declaraciones a una radio de Quito, rechazó que Equipo haya comprado bases de datos para la inscripción de su movimiento en el CNE.