Representantes de Francia, España, Italia y Portugal justificaron hoy ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la negativa de sobrevuelo a la aeronave del presidente Evo Morales la semana anterior, un incidente considerado ofensivo por la comunidad internacional.

Para ellos son "injustas y falsas" las acusaciones y las críticas surgidas a escala global luego que el pasado día 2 sus autoridades cancelaron los permisos de vuelo al avión de Morales.

A la nave presidencial se le suspendió el permiso de tránsito bajo la sospecha de que transportaba a Edward Snowden, extécnico de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y perseguido por revelar datos de un programa secreto de espionaje federal.

Los cuatro países del llamado viejo continente aseguraron que no violaron ningún tratado internacional, obstruyeron ni cancelaron el paso de la nave por sus espacios aéreos.

Tampoco aceptaron disculparse por el incidente, dijeron que no pretendían poner en peligro la vida de Morales y exigieron no sobredimensionar el caso.

España solo se excusó si hubo algún malentendido porque su embajador en Austria, Alberto Carnero, quiso subir al avión presidencial a comprobar personalmente si estaba Snowden.

"España lamenta que la actuación de nuestra delegación en Viena haya podido ser malinterpretada y ofender al excelentísimo presidente de Bolivia, y si así fuere, ofrecemos nuestras disculpas al respecto", justificó el diplomático español Jorge Hevia.

Mientras, Italia exigió no ser mencionada ni directa ni indirectamente en ninguna resolución, y dijo que mas bien es Bolivia la que debería pedir disculpas.

La observadora alterna de Portugal, Rosa Bartoreu, subrayó que en su caso también hubo un error técnico y que su país "no creó ninguna situación que pueda poner en peligro la vida" de Morales.

El Consejo Permanente de la OEA analiza en esta jornada el agravio contra el mandatario boliviano.

Los embajadores de Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú reiteraron su condena a ese hecho, insistieron en que constituyen una violación del derecho internacional y lo calificaron de un acto impropio contra un jefe de Estado.

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