Desde que el Gobierno ecuatoriano habló de la posible salida de la petrolera Occidental Petroleum Company (OXY) del Bloque 15, en 2004, la Embajada estadounidense tomó acciones. Según consta en los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, el ex procurador del Estado, José María Borja, estuvo en la mira del Gobierno de los EE.UU.: “El Procurador sigue enviando mensajes contradictorios, al parecer busca una solución negociada en privado, mientras hace declaraciones incendiarias (…) Uno de los abogados de la oficina de Borja dijo que sus declaraciones, al igual que su llamado a revisar el Convenio Bilateral, habían sido mal interpretados y que le gustaría tener la oportunidad de explicarse en una reunión privada con la embajadora. La embajadora ha dejado en claro que no habrá reunión con Borja hasta que no cambie su postura pública”.

Los cables relatan que  la Embajada propició una serie de reuniones con ministros de Estado a las que asistió Jerry Ellis, gerente de OXY, durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez  para “asegurar una resolución justa y racional al problema que en gran medida ha creado”. Y definió un plan para incidir en los medios: “OXY está enviando a sus representantes de relaciones públicas de Los Ángeles con los mensajes para mantener el impulso positivo en la prensa y con los líderes de opinión locales. En los últimos días varios medios de comunicación han publicado reportajes sobre los riesgos de la “persecución” con entrevistas a líderes de las cámaras, representantes de empresas (…) El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Yépez, advirtió públicamente que Ecuador se arriesga a perder el apoyo del gobierno de Estados Unidos en sus esfuerzos para obtener financiamiento de los bancos multilaterales de desarrollo si no actúa con justicia en el caso OXY”.

La suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE.UU. y Ecuador, que también se empezó a negociar en 2004,  habría sido utilizada como un mecanismo de presión, mientras se ventilaban los dos juicios: uno por la demanda que la Empresa Petrolera OXY entabló en contra del Estado ecuatoriano para exigir que se le devolvieran 75 millones de dólares por las recaudaciones del IVA, y el otro por alteraciones contractuales: sobreexplotación de pozos petroleros y la cesión de derechos a la empresa canadiense Encana, entablado por Petroecuador. Sobre el primer caso, los árbitros internacionales fallaron a favor de OXY en julio de 2004 y el procurador José María Borja anunció la apelación ante las Cortes de Queens, en Londres, y solicitó investigar a todas las empresas que operaban en el país.

Un cable del 10 de noviembre de 2005 (en el Gobierno de Alfredo Palacio) se refiere a la reunión entre OXY, la Embajada y el procurador José María Borja: “La participación del Procurador no es bienvenida, pero es inevitable. El hecho de que el gobierno del Ecuador piensa que es hora de traer a Borja a las negociaciones podría ser interpretado como un progreso. Sin embargo, no se puede confiar en Borja y su participación va a complicar las cosas”.

Esas negociaciones entre OXY y el Gobierno con los “buenos oficios” de la Procuraduría no dieron resultado, pues se realizaron varias movilizaciones exigiendo la caducidad del contrato con OXY y en rechazo a la firma del TLC, que se concreta el 15 de mayo de 2006 y dos días después Petroecuador asume la operación del campo.

En un cable del 22 de mayo de 2006, la Embajada volvió a insistir en una rápida solución al reclamo de la indemnización para OXY y otras disputas comerciales pendientes, alertando sobre las posibles consecuencias de no llegar a buen término.