Dirigentes de los pueblos Canelos y Kichwa están en contra de la decisión del pueblo Sarayaku de “brindar refugio” a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, quienes fueron sentenciados por la justicia ecuatoriana por el delito de injuria judicial.

Tito Merino, dirigente de promoción y organización del Consejo Kichwa, calificó como “no procedente” a la decisión del pueblo Sarayaku. Considera que la decisión crearía un precedente, “podrían pensar que los pueblos indígenas podemos dar refugio a personas que tienen problemas con la justicia”.

Detalló que solicitó reunirse el próximo viernes 2 de mayo con el presidente de la comunidad Sarayaku, “esperamos que acceda al pedido por la paz de nuestros pueblos”, dijo.

Merino hizo un llamado a sus hermanos indígenas a no inmiscuirse en problemas judiciales. “Los dirigentes deben analizar las consecuencias, respaldar y apoyar a los pueblos en vez de apoyar divisiones y conflictos”, citó. A su criterio, el pueblo Sarayaku “siempre se opone al régimen, están unidos con Lourdes Tibán, que están buscando cualquier pretexto para justificar su oposición”, enfatizó.

Ronald Vargas, vicepresidente de la comunidad de Canelos, compartió el criterio. Dijo que la comunidad de Canelos “respeta la decisión, pero no comparte la posición de los hermanos de Sarayaku”. Según Vargas, acoger a sentenciados de la justicia ecuatoriana afecta “culturalmente la vida de los pueblos, de la cuenca del Bobonaza ,ya que los operativos interfieren con la libre movilización de los habitantes”.

Sostuvo que la decisión de acoger a los sentenciados “no es del pueblo sino de los dirigentes y de políticos”. Enfatizó que esta “acción pone en peligro la unidad que se estaba fomentando, luego de años de ruptura entre los pueblos de Sarayaku y Canelos”.

Antonio Vargas, presidente de la Comuna San Jacinto, destacó que la acción “puede poner en peligro incluso la creación de las Circunscripciones Territoriales Indígenas, los ecuatorianos podrían ver como un intento de dividir al Estado”.

El expresidente de la Conaie considera que “los verdaderos luchadores debemos presentarnos y decir aquí estamos, no escondernos como delincuentes”. Acotó que la presencia de los tres procesados “ es un problema para las comunidades en la región amazónica, porque va a parecer que los indios estamos planteando otro Estado dentro del Ecuador”.

De su lado, el presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Carlos Viteri Gualinga calificó, a través de su cuenta Twitter, como "nefasto el antecedente de fugitivos Jiménez, Villavicencio y Figueroa  que amenaza en convertir territorios ancestrales en escondite de delincuentes".

El asambleísta  manifestó que los  tres sentenciados "pretenden que Sarayaku sea cómplice de sus delitos, ponen en riesgo la seguridad y la paz de las comunidades", advirtió.

En primera instancia, los tres procesados demandaron ante la Fiscalía al presidente Rafael Correa por delitos de lesa humanidad el 30 de septiembre de 2010. La demanda fue calificada como maliciosa y temeraria. Con estos antecedentes, Correa contrademandó a los procesados, a quienes se les impuso una sanción de 18 meses de reclusión, en el caso de Jiménez y Villavicencio y 6 meses para Figueroa.

El sábado pasado, en el marco del enlace ciudadano, Correa dijo que la comunidad de Sarayaku es una comunidad altamente politizada, se victimiza", sostuvo.

El Mandatario afirmó que en la zona “están escondidos estos tres tipos, fugitivos de la justicia, y han decidido darles protección, es decir desafiando todo el estado de derecho".

"Imagínense si se sienta ese precedente: que cualquier comunidad se considera con la autoridad para desobedecer una sentencia judicial y proteger fugitivos y proclamarlos de esa manera. Se dan cuenta lo que está pasando en Ecuador", apuntó el Jefe de Estado, en el enlace, que se desarrolló desde Génova (Italia).

Desvirtúan operativo de captura

En un comunicado, la Gobernación de Pastaza rechazó las "tergiversaciones malintencionadas de ciertos actores políticos" hacia un operativo de seguridad rutinario en Sarayaku.

Explicó que estas acciones responden a una planificación integral, en toda la provincia. De allí que desvirtuó que se haya realizado un supuesto operativo para capturar a los sentenciados.