La defensa de los derechos humanos caracteriza a Piedad Córdoba, colombiana oriunda de Medellín, que durante  2008 figuró como intermediaria entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para la liberación de políticos secuestrados.

Su actuación -también- ha sido criticada y ahora enfrenta acciones legales interpuestas por la Procuraduría General de su país.

¿Cómo llegó a esa mediación?

Como legisladora participé durante  mucho tiempo en las comisiones de derechos humanos y es ahí en donde conocí a fondo el conflicto colombiano. Antes de la reelección del presidente Álvaro Uribe ya había mediado por personas que estaban en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y es ahí en donde arrancó mi camino por la búsqueda de la paz y la salida  política y negociada de la guerra.

Después de esa labor fue tomada en cuenta para participar en otras liberaciones...

En el gobierno de Uribe fui llamada a participar en las liberaciones coordinadas con el presidente (Hugo) Chávez. Para ese tiempo, ya había  un camino recorrido para avanzar en la búsqueda de la paz. Es así como surgió “Colombianos y Colombianas por la Paz”, un colectivo que se dedica en este momento al derecho humanitario, a buscar la liberación unilateral de personas y es eso lo que hay que resaltar de  las FARC. Es ahí en donde la participación ciudadana juega un papel importante para terminar con la guerra en Colombia.

¿Tras la liberación de la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt se terminaron los secuestrados políticos?

En Colombia, en este momento, no hay ningún político secuestrado. Nuestro colectivo ha insistido en  construir un instrumento para que el mismo Gobierno informe realmente cuántas personas están en poder (de la guerrilla y del Estado) y quiénes son.

En Colombia existen mafias de secuestro, llámense ELN o FARC, a las que fácilmente se les puede endilgar y en la medida que  conozcamos con claridad qué personas pudieran estar secuestradas, nuestra tarea es coadyuvar en esa labor humanitaria. Además, es difícil que el Gobierno, después de que pasaron todas las liberaciones, entregue a alguien a cambio.

¿Cuántas personas ha logrado liberar el colectivo al que usted pertenece?

Son 28 las personas que nuestra organización ha logrado liberar.

¿Tienen en agenda otras liberaciones?

No, porque no somos  el cordón umbilical de las FARC, somos una organización que trabaja por los derechos humanos y que tiene como principio fundamental la discusión política de la solución al conflicto social y armado que vive el país.
En 2010, la Procuraduría de su país la destituyó del cargo de senadora por tener supuestos vínculos con la guerrilla...
Fui destituida  por el Procurador (Alejandro Ordóñez), pero él  no tenía la competencia para hacerlo. Es más, mi destitución es producto de una estrategia para acallar las voces contrarias a la que ellos plantean. Sobre todo profundizar la guerra.

¿Se reunió con el ex líder de las FARC, “Raúl Reyes”?

Me reuní  una sola vez, y con la  autorización del Gobierno, para tramitar la liberación de los primeros secuestrados.

Entonces, ¿hubo vínculos con la guerrilla?

No,  yo no soy de la guerrilla y jamás he tenido  una militancia en la lucha armada, lo que sí creo es que no se puede lograr la paz si no se habla con quienes están en una profunda contradicción política y militar con el Gobierno. Y  el coincidir conceptualmente a mí no me hace ser miembro de la guerrilla. Lo que ocurre es que en el país se generó una polarización muy fuerte alrededor de quienes  consideramos que la salida militar está agotada, no solo para el Gobierno, sino para la guerrilla y, sobre todo, cuando ponemos en contradicción un sistema muy injusto sobre los derechos que tiene la gente como seres humanos.

¿Qué acciones legales ha presentado?

Instauré acciones jurídico-administrativas que se dan para el caso. En la Corte Constitucional puse una tutela y en el Consejo de Estado una demanda de nulidad, pero  hasta el momento no han sido resueltas y aspiro a que se resuelvan porque  creo tener la razón en derecho.

¿Su destitución obedece a una persecución política?

Está más que comprobado que hacia mí ha habido una profunda persecución.

¿Extraña ejercer un cargo público?

No, porque  la política se hace en los espacios en donde yo estoy. Me parece que el poder estar  nuevamente con la gente,  conocer de sus problemas, caminar de la mano con ellos, es hacer  política.

¿Cuál es su relación con el presidente Juan Manuel Santos?

Solicité una audiencia y nunca la he obtenido.

¿Será por su oposición al Gobierno?

Nuestra postura de oposición viene del Gobierno  anterior por las distintas discusiones  que se dieron en el país, pero  nosotros, en la medida en que este proceso pueda avanzar hacia una  salida política y negociada, lo apoyaremos.

¿Es consciente de que puede haber repercusiones legales en su contra ante su llamado a una  comunidad indígena a “tumbar”  a Santos?

Sí y estoy preparada para asumirlo.

¿Tumbar a Santos es lo ideal?

Claro, es que  cuando hablo en términos coloquiales me refiero a la revocatoria del mandato que está establecida en la Constitución. No hablo de que le demos un golpe de Estado  al Presidente, aunque pueda ser un mal gobierno.

Pero usted también discrepó con el ex presidente Uribe...

Hicimos un proceso casi contra la voluntad del Gobierno. Ahora Uribe está siendo sindicado por una serie de conductas  que tienen que ver con el paramilitarismo, ejecuciones extrajudiciales y actos de corrupción, será la justicia  la que defina si es o no responsable.

¿Qué es lo que le hace falta a Colombia para conseguir la paz?
La decisión política. Las guerrillas han manifestado su interés por lograr la paz, pero el Gobierno no la quiere y hasta que se pongan de acuerdo es difícil.

¿Y el apoyo  de la región?

Es importante porque nuestros países son muy parecidos.