Implementar 190 defensores públicos en el país  para  brindar ayuda especializada en forma gratuita a la ciudadanía en casos penales, laborales, de violencia intrafamiliar, de alimentos y próximamente en conflictos de tierras, es la evaluación que hace de sí mismo Ernesto Pazmiño, Defensor Público, cuya gestión está por concluir, luego de tres años.

El funcionario admite que analiza concursar para continuar en el cargo (que empezará en los próximos días en el Consejo de Participación) y reconoce que la justicia ecuatoriana está en crisis, aunque le apuesta a la reestructuración dispuesta por mandato popular del pasado 7 de mayo. Eso sí, rechaza que la oficina que dirige contribuya a la delincuencia, pues los defensores solo exigen el cumplimiento del debido proceso.

Con la proclamación de los resultados oficiales de la consulta se viene una reestructuración de la justicia, ¿ayudará ello a salir de esta crisis?

Va a ayudar a superar la crisis si es que tenemos un criterio técnico adecuado para hacerlo. La reestructuración tiene que salir de los escenarios políticos, introducirse en los técnicos, con experiencias de otros países, con mecanismos novedosos, porque el cambio no es de leyes ni de personas, sino de un modelo de gestión.

¿La reestructuración debe incluir a la Defensoría Pública?

Esta es una institución nueva, tenemos un modelo de gestión novedoso, pero sí hay algunas cosas que cambiar. Por ejemplo: debemos profundizar en capacitación y en eso nos pueden ayudar las universidades, que deben formar a los profesionales. Además, debemos mejorar la carrera judicial y apostar por los jóvenes, pues no están adentrados en la corrupción y en la mañosería.

También habrá cambio de autoridades. ¿Usted se postulará al concurso para Defensor Público?

Me encantaría continuar con el trabajo realizado, pero le soy sincero: tengo un poco de temor al ver cómo se denigra y se juega con la dignidad de los candidatos. Si me debaten temas técnicos, con todo gusto; pero los críticos van a temas personales, íntimos y subjetivos. En todo caso lo estoy analizando. Debo ver cómo se presentan los escenarios luego de los resultados de la consulta, conversar con la familia, porque aquí se pone en juego el pellejo públicamente y la prueba es lo que se ha visto en la selección del Fiscal General del Estado.

A un año de vida de la Defensoría Pública, ¿cómo se encuentra?

La gestión cumplida por cerca de tres años al frente de la Unidad transitoria y desde octubre de 2010 como Defensor Público ha sido satisfactoria. Tenemos una institución fortalecida, somos parte fundamental del sistema acusatorio que funciona en el país, en donde hay acusador, que es el Fiscal y el defensor que es la Defensoría Pública. Hoy estamos fortalecidos. Los 190 defensores cumplen su rol en las 24 provincias y esperamos llegar a  por lo menos 400, lo que constituye  la mitad de fiscales (son 800).

La estructura orgánica y el presupuesto son fundamentales para ello. ¿Están definidos?

Así es, la estructura ya la hemos aprobado y está publicada en el Registro Oficial. Necesitamos el presupuesto. Este año tenemos destinado 7 millones de dólares y está programado para el 2012 en alrededor de 27 millones, que es poco en relación a los 130 millones de dólares que tiene la Fiscalía.

¿Se ampliará la cobertura y a qué sectores?

Hemos comenzado con el área penal y hemos tenido una buena gestión, nos hemos ampliado a atender en el área de alimentos a las madres de familia, en materia laboral para defender a los trabajadores. Este momento, con las juntas parroquiales hemos firmado un convenio para poner defensores públicos que trabajen y patrocinen gratuitamente a las personas de los sectores apartados de las grandes ciudades. Hemos comenzado por Pichincha y vamos a extenderlo al resto del país.

En violencia intrafamiliar, ¿qué resultados han tenido?

Hemos incorporado a trabajar defensores públicos en las comisarías de la mujer y la familia para defender los casos. Hoy tenemos personal en todas las casas de equidad y justicia. Por lo tanto, hoy la gente pobre sí tiene acceso a la justicia. Estamos reduciendo los índices de violencia intrafamiliar porque los casos se despachan ágilmente.

En materia penal se le acusa a la Defensoría Pública de liberar a los presos, lo cual abona a la inseguridad. ¿Es así?

Esa es una percepción equivocada de algunos políticos de derecha que no les conviene que haya defensoría pública. Nosotros no damos boletas de libertad. Son los jueces los que hacen eso. El Defensor Público exige el cumplimiento de las garantías del debido proceso, porque con un juicio justo y eficaz se hace justicia. Además, hay que tomar en cuenta que en delitos menores no es conveniente meterlos presos sino aplicar medidas alternativas.

Desde su experiencia, ¿cuál es su sugerencia para combatir la inseguridad?

La salida es establecer mecanismos adecuados de rehabilitación para aquellos que van a cárcel. La cárcel debe estar para quienes cometen delitos graves, narcotraficantes, asesinos, bandas organizadas, los lavadores de dinero.