El martes pasado, la Asamblea Nacional posesionó al primer Defensor Público del país, cuya  responsabilidad recayó en Ernesto Pazmiño, quien ganó un concurso de méritos. 

El flamante funcionario, que  ya ocupaba, a manera de encargo, la titularidad de una Defensoría Pública transitoria,  cuenta sus logros, se defiende de las acusaciones de que supuestamente libera delincuentes y anuncia sus planes.
Incluso anuncia que dentro de poco, la Defensoría Pública brindará asesoría a las personas que quieran legalizar sus propiedades.

¿Cuáles han sido sus logros al frente de la Defensoría Pública?

En estos  años que hemos trabajado como Unidad Transitoria lo que hemos hecho es lograr dos cosas. Primero, brindar el servicio que no había, y segundo, ir creando la base técnica en la cual se asienta la actual estructura orgánica de la Defensoría Pública. Hemos cumplido bien los dos trabajos. En el tema de brindar el servicio se ha incorporado a éste  a miles de personas, principalmente en el área penal, porque empezamos como defensa pública penal.

Se nos ha criticado, dicen  que estamos sacando de la cárcel a peligrosos delincuentes, lo que no es cierto. Quienes critican han sido políticos trasnochados, amargados, que no tienen otra cosa que hacer sino criticar una institución tan indispensable en el sistema democrático.

Los defensores públicos no dan boletas de libertad ni otorgan la libertad a una persona, son los jueces. Ni el fiscal puede dar la libertad, puede solicitarla. 

Hemos ampliado el servicio al área social, y actualmente hemos trabajado hasta abril de 2012 en 103.824 causas penales. Es increíble ver cómo la gente estuvo en indefensión. Esta gente estuvo presa muchas veces por no tener abogado. Hemos trabajado 4.500 causas laborales. Se nos ha dicho que no defendemos a los trabajadores ni a las madres de familia. En juicio de alimentos tenemos 23.600 causas ya resueltas.

¿Todas estas son causas resueltas?

Sí, son causas atendidas por la Defensa Pública.  23.600 causas que ya tienen una pensión alimenticia  fijada. Hay que recalcarlo: madres de familia que por no tener dinero anteriormente no podían demandar alimentos para sus hijos, ahora han encontrado en la Defensoría Pública  apoyo para que puedan exigir a los jueces que se reconozca sus derechos.

Lo que defendemos son derechos, así  la persona  haya cometido un delito, por ello apoyamos a  trabajadores  despedidos,  madres de familia que necesitan una pensión de alimentos o un inquilino  botado de la habitación que arrienda. Eso es lo que la gente tiene que entender.

Por eso es que en los otros países de latinoamérica  los gobiernos están fortaleciendo las defensas públicas, más que las fiscalías. Porque la fiscalía puede perseguir el delito, pero si la persona que es acusada no tiene una defensa adecuada puede cometer un grave error, que es sentenciar a un inocente. O también absolver a un culpable.

¿Con cuántos abogados cuenta la Defensoría Pública?

El número de defensores ha sido uno de nuestros graves problemas. En 2007 empezamos con 106 defensores, en 2009 teníamos 204 y en 2010 bajamos a 126 porque dejamos de trabajar con los centros legales. Actualmente, tenemos 256 defensores para todo el país y para todas las materias. La fiscalía tiene casi 3.000 funcionarios pero solo para materia penal. Nosotros tenemos 256 para todas las materias y con tan pocos defensores hemos dado un servicio realmente bueno.

¿Estos defensores están contratados?

Están contratados solo bajo la modalidad de  servicios ocasionales. Como la Defensa Pública no estaba adecuadamente institucionalizada no podíamos hacer nombramientos. Pero a fines de mayo se convoca a un concurso público para contratar a 530 defensores públicos.

Vamos a incorporar un nuevo servicio que es legalización de tierras. Hemos detectado con el Ministerio de Agricultura  que en Ecuador existen 1.8 millones de predios sin legalizar, gente que en el campo vive  20 años  en posesión de un pedazo de terreno pero sin escrituras.

Al no tener escrituras no son sujetos de crédito, no pueden conseguir préstamos en el banco, no pueden incorporar sus terrenos a la producción nacional y ahora vamos a trabajar con esa gente. Vamos a legalizar 1.8 millones de predios del Ecuador. Vamos a contratar a 92 defensores que se dedicarán exclusivamente a trabajar en el tema de legalización de predios.

Habrá que seguir juicios de posesión y de prescripción, hacer escrituras, acta declarativas, de todo va a haber, pero el resultado final es que 1.8 millones de ecuatorianos tendrán escrituras y sus terrenos serán legalizados.

La gente pobre no tenía para pagar un abogado que le hiciera la minuta. Ahora gratuitamente los defensores públicos, en colaboración con los municipios y gobiernos seccionales,  buscarán la alternativa legal más rápida y adecuada para entregar el título de propiedad.  

¿Si el Consejo de la Judicatura  va a  convocar un concurso para elegir defensores qué ocurre con los actuales funcionarios?

Todos, inclusive los que están bajo la modalidad de prestación de servicios tienen que participar en el concurso porque los próximos defensores que trabajarán serán exclusivamente los que ganen el concurso porque ya se les va a entregar nombramiento. La Constitución dice que todo ingreso al servicio público debe ser mediante un concurso.

¿Cuál es el perfil del defensor público?

Abogados recién graduados. Yo tengo una muy buena experiencia con los jóvenes. El promedio de edad de los defensores actuales es de 27 años, o sea abogados recién graduados. Tengo una buena experiencia porque con estos abogados podemos hacer un cambio cultural, no están comprometidos con el status quo, entienden el Derecho como una posibilidad de servir a la gente pobre y no a los ricos.

¿Cómo va a funcionar la Defensoría?

Tenemos dos líneas de actuación. Una que es el patrocinio penal que es para las personas que están acusadas en un juicio penal y otra el patrocinio social que comprende alimentos, niñez y adolescencia, violencia intrafamiliar, tierras y asuntos laborales.     

El abogado que quiere participar en el concurso identificará en qué línea quiere actuar. Dentro del sistema penal nosotros tenemos un modelo de gestión, que ganó un premio en Brasilia, que es un sistema de defensa por procesos.

Tengo abogados especializados por etapa procesal. Hay defensores especializados en audiencias de flagrancia que manejan una capacitación exclusiva para esto, otro grupo de abogados expertos en  investigación, otro para la intermedia y los más capacitados en la etapa de juicio. Esto me ha permitido tener un nivel de excelencia con pocos defensores.

¿Cuáles son los estándares de calidad de la Defensoría?

Tenemos doce estándares en los cuales se establecen actividades, metas y objetivos. El defensor de flagrancia sabe lo que debe hacer y los protocolos que debe cumplir.

¿Cuál es la meta del defensor en el área penal? ¿Liberar a su representado?

El defensor lo primero que hace es asegurar la sujeción del juez, primero a la Constitución y luego a la ley. El defensor debe orientar al juez y al fiscal para que se sujeten a la Constitución.  Los defensores están capacitados para indicar al juez que se sujete a los nuevos principios constitucionales, entre ellos el debido proceso, el juicio justo, no dos veces por el mismo hecho, la proporcionalidad de las penas, un juicio rápido y sobre todo la garantía de acceso a la defensa.

¿No se trata de liberar delincuentes?

No. Nosotros simplemente lo que hacemos es defender derechos. La gestión de la Defensoría Pública se enmarca en dos temas fundamentales: primero evitar que un inocente sea condenado y, segundo, evitar también que un culpable sea absuelto.

¿Pero cómo evitan eso?

Con un juicio justo. El sistema acusatorio que existe en Ecuador  es un triángulo. De un lado está la Fiscalía, del otro la Defensoría y en el ángulo superior está el juez imparcial, que resuelve exclusivamente con lo que el Fiscal y la Defensa le proponen.

El juez tiene que resolver en base a lo que ve y oye en las audiencias. Nosotros exigimos  que el juez no maneje un expediente. Los tres, cien, mil cuerpos con 20.000 hojas deben desaparecer.

¿Cuáles son los otros estándares de calidad?

El debido proceso. Un defensor público no puede presentarse en una audiencia si no ha leído y preparado el caso. Es una pelea que llevamos con los jueces que creen que el defensor público es un auxiliar porque le llaman media hora antes de la audiencia, y nosotros nos hemos opuesto a eso.