Que los periodistas no pueden estar sobre la ley, que no tienen una licencia para difamar o mentir y que la inclinación política de un medio de comunicación no puede trasladarse al quehacer periodístico, fueron algunas de las conclusiones que arrojó el encuentro entre el subdirector del Intituto Internacional de Prensa (IPI), Anthony Mills, y   el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado Espinel, quienes analizaron la situación de la libertad de expresión en Ecuador.

Mills destacó que aquí  no existen agresiones físicas a los periodistas, como sucede en otros países del mundo,  y  reiteró que delitos como la incitación a la violencia, en caso de ser comprobados, deben ser sancionados. También señaló que la difamación es otro delito que debe ser tratado desde el ámbito civil y que en caso de establecerse una indemnización, ésta debe ser proporcional.

Al respecto, Alvarado precisó que está en trámite una reforma jurídica en la Asamblea Nacional para despenalizar la injuria, un delito tipificado en la legislación ecuatoriana desde hace varios años. Esa iniciativa  fue reconocida por el periodista extranjero.

En el análisis de la libertad de expresión en  Ecuador, Mills indicó que permanecerá toda la semana en el país para reunirse con varios sectores públicos y privados, a fin de tener un panorama integral sobre el trabajo de la prensa.

En el diálogo, Alvarado señaló que en  Ecuador un grupo de medios de comunicación se han convertido en actores políticos para cuestionar, a través de mentiras, la gestión gubernamental. Indicó que en los últimos dos años se han remitido más de 200 pedidos de rectificación sobre información maliciosa que no estuvieron en capacidad de justificar. 

“No creo que es inaceptable que un medio de comunicación tenga un punto de vista político, lo que nunca debe pasar es que ese punto de vista sobre la política -que se puede expresar en editoriales- pase también a la redacción de la noticia, el tipo de cobertura”, anotó Mills.

Por otro lado, Alvarado se refirió a la apertura otorgada por el Gobierno para dialogar con los periodistas de las distintas zonas del país, un hecho que no se ha registrado en administraciones anteriores. Con ello, aclaró, todos los medios tienen la facultad de entrevistar al Presidente de la República cuando visita las localidades.

También destacó la gestión gubernamental para entregar medios de comunicación a las comunidades indígenas del país, que al momento están en transmisiones de prueba, pero que reafirman la voluntad estatal de garantizar el acceso  de la población a la comunicación.

Mills se comprometió a dialogar con todos esos sectores para alimentar su informe sobre la situación de la libertad de expresión. Y reiteró que el  poder de la prensa es un pilar vital para cualquier democracia, pero que cuando existen abusos se convierte en un poder destructivo.

No obstante, indicó que es importante que los estados garanticen la libertad necesaria para realizar el trabajo periodístico. Alvarado reiteró que esas condiciones están dadas en Ecuador y que varios expertos internacionales así lo confirman. Eso se ratifica, dijo, cuando todos los días se publican reportajes en contra del Gobierno.

Entre los temas analizados estuvo también la vigencia del Código de la Democracia, el cual ha recibido una serie de cuestionamientos y demandas de inconstitucionalidad porque supuestamente limita la libertad de prensa en época de campaña. Alvarado explicó que el cuerpo legal garantiza un espacio equitativo para todos los candidatos en los medios de comunicación, a fin de no favorecer a ninguno.

Mills precisó que en todos los países del mundo existen reglas claras sobre lo que puede  o no hacer un medio de comunicación en un proceso electoral, y felicitó que esas normas estén claras en Ecuador.

El representante del IPI propuso ser un mediador entre el Gobierno y los medios de comunicación, a fin de mejorar las relaciones entre ambos. Y reconoció la diversidad de medios (públicos, privados y comunitarios) que coexisten en el país. Alvarado reiteró que la intención es garantizar el acceso de la ciudadanía a información veraz y verificada para su análisis, desde diversos puntos de vista.